– La presidenta nacional de Morena enfrenta cuestionamientos por contratos opacos, denuncias sobre el manejo de programas sociales y acusaciones de presuntos vínculos criminales.
MÉXICO. – Ariadna Montiel Reyes dejó la Secretaría de Bienestar para asumir, el 3 de mayo de 2026, la presidencia nacional de Morena, pero su llegada a la dirigencia no borró los cuestionamientos acumulados durante su carrera pública. La investigación publicada este 27 de octubre por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que Grupo Maferefun, constituida en 2019 con apenas 50 mil pesos de capital, obtuvo contratos por aproximadamente 322 millones de pesos de dependencias federales y del partido gobernante.
La empresa recibió 307.5 millones de Bienestar, incluidos 190.5 millones durante la gestión de Montiel como secretaria, y otros 11.4 millones de Morena.
MCCI documentó que Aideé Ángeles Arroyo, responsable de Recursos Materiales de Bienestar cuando se otorgaron los primeros contratos, había trabajado bajo las órdenes de Ariadna Montiel en la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. La compañía continuó acumulando adjudicaciones y, apenas cinco días después de que Montiel asumiera la presidencia de Morena, se registró como proveedora ante el Instituto Nacional Electoral.
En junio recibió un contrato por 11 millones 431 mil 979 pesos para organizar el registro de aspirantes a coordinaciones estatales, en vísperas del proceso electoral de 2027.
Mientras tanto, la investigación encontró que su dirección comercial anunciada correspondía a un local de frutas en la Central de Abastos en la CDMX, sin identificación visible de la contratista. Ninguna de estas circunstancias demuestra por sí sola corrupción, pero su coincidencia exige revisar adjudicaciones, beneficiarios reales, servicios prestados y posibles conflictos de interés. Montiel sostiene que los contratos fueron legales, a precios de mercado y por servicios efectivamente prestados.
En agosto de 2023, Inés Parra Juárez, entonces diputada federal por Morena, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades superiores a 6 mil millones de pesos en programas sociales correspondientes al periodo 2018-2021. La legisladora señaló posibles delitos como peculado, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, apoyándose en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
En mayo de 2026, La Razón reportó otros 5.4 millones de pesos en anomalías del ejercicio 2024 pendientes de aclaración.
A las controversias administrativas se sumó una confrontación todavía más delicada. La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, acusó públicamente a Montiel de presuntos vínculos con organizaciones criminales.
El periodista Héctor de Mauleón publicó el 26 de octubre una columna sobre una supuesta reunión con Aureliano Guzmán Loera, conocido como El Guano, hermano de Joaquín Guzmán Loera. Montiel negó categóricamente cualquier encuentro o relación con delincuentes, solicitó derecho de réplica y anunció acciones legales contra Campos.
El Gabinete de Seguridad federal, por su parte, señaló que no existe información institucional que confirme la autenticidad del presunto reporte de inteligencia invocado por el columnista. Hasta ahora, la acusación no está acreditada por pruebas públicas verificables ni por una resolución judicial conocida.
El problema público que plantea la trayectoria de Ariadna Montiel no se resuelve sumando acusaciones como si todas fueran sentencias, sino examinando la documentación disponible y exigiendo respuestas específicas.
Su paso por la administración capitalina, el control de una dependencia responsable de transferencias sociales multimillonarias y su posterior llegada a la presidencia del partido gobernante permiten examinar la continuidad de funcionarios, proveedores y decisiones administrativas.
Morena tiene derecho a defender la legalidad de sus contrataciones, pero esa defensa debe poder contrastarse con expedientes completos, criterios de selección, comprobantes de servicios y mecanismos de fiscalización.
La austeridad no se acredita con discursos, ni la transparencia con descalificaciones contra quienes investigan. Cuando una misma empresa obtiene contratos millonarios del gobierno y después del partido dirigido por una exsecretaria de Estado, la obligación de rendir cuentas adquiere una dimensión que trasciende cualquier disputa electoral.
El escrutinio sobre Montiel no debe sustituir a la justicia, pero tampoco puede ser sustituido por propaganda.
Por Froylán Méndez Ferrer / sinmco.org / ansic.mx
