¿Cuántos aspirantes y candidatos fueron asesinados en 2024? Según a quién se le pregunte, 31, 34, 36, 38 o 39. Ninguna de esas cifras es necesariamente falsa: cada una cuenta algo distinto. Antes de comparar elecciones o señalar regiones, esta serie explica qué mide el registro que usaremos como base, cómo lo construye y qué se le escapa.
A 214 días de la elección.
El proceso electoral de 2024 dejó un ejemplo claro de por qué los recuentos no coinciden.
Votar entre Balas (Data Cívica, México Evalúa y Animal Político) registró 31 candidatas y candidatos asesinados. Si se amplía el universo a aspirantes y precandidatos, entre el 7 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024, la cifra sube a 34 asesinados de un total de 130 personas atacadas presuntamente por el crimen organizado.
Integralia Consultores documentó 889 víctimas de violencia política durante el proceso, entre ellas 39 aspirantes o candidatos asesinados. Su categoría es más amplia: no exige indicios de participación criminal.
Causa en Común contabilizó 63 actores políticos asesinados entre junio de 2023 y el 3 de junio de 2024. Su periodo empieza antes del arranque formal del proceso, y su universo incluye a dirigentes y funcionarios, no sólo a quienes buscaban un cargo.
Un monitoreo de la Universidad Iberoamericana Puebla reportó 38 contendientes asesinados en 2024.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana maneja cifras menores porque, como han señalado las propias organizaciones, omite el periodo de precampañas y sólo contabiliza asesinatos de candidatos registrados.
Las diferencias no son un error. Dependen de tres decisiones: a quién se cuenta (candidato registrado, precandidato, aspirante, dirigente, funcionario, familiar), en qué periodo (desde el inicio formal del proceso, desde un año antes o de forma permanente) y qué violencia se cuenta (toda la violencia política o sólo la que muestra rasgos del crimen organizado). Por eso, en esta serie, ninguna cifra aparecerá sin su fuente y su definición.
QUÉ CUENTA VOTAR ENTRE BALAS
Esta serie usa a Votar entre Balas como base principal porque es el registro de la sociedad civil más extenso y continuo sobre el fenómeno, y es de acceso público. Su objeto no es toda la violencia política, sino la violencia político-criminal: los ataques que grupos vinculados con el crimen organizado cometen contra actores políticos para influir en el control de la vida pública local.
El nombre no es un detalle. El proyecto nació midiendo la “violencia criminal-electoral”, pero sus propios datos mostraron que los ataques no se concentraban en las campañas: seguían en años sin elecciones y se dirigían cada vez más contra funcionarios en funciones. Por eso cambió el concepto. Hoy registra la violencia antes, durante y después de los procesos electorales.
A quién registra: autoridades electas y personas funcionarias, incluido el personal de seguridad; aspirantes, precandidatos, candidatos, militantes y activistas de partidos; policías atacados directamente fuera de un enfrentamiento; familiares de cualquiera de los anteriores; exfuncionarios que siguen vinculados con la política, e instalaciones de gobierno o de partidos.
Qué tipos de agresión registra: seis. Amenaza, atentado (agresión sin muertos), ataque armado (con muertos, aunque la persona objetivo sobreviva), desaparición, secuestro y asesinato.
CÓMO SE CONSTRUYE
La base se arma a partir de notas periodísticas, con procesos automatizados de recolección y la revisión de cada caso. Tiene información retrospectiva desde 2018 y se alimenta de forma continua desde 2022.
Tres reglas ayudan a leer bien sus cifras.
Primera: la unidad es el evento, no la víctima. Si en un mismo hecho una persona es secuestrada y después asesinada, se registran dos eventos. Una víctima puede aparecer más de una vez.
Segunda: el filtro es el indicio criminal. Se incluyen los ataques cuyas características sugieren la operación de la delincuencia organizada; el uso de armas de alto calibre es uno de los rasgos que señala el proyecto. No se incluyen, por ejemplo, las muertes de policías en enfrentamientos con grupos criminales.
Tercera: no juzga. El registro no determina si la víctima tenía o no vínculos con el crimen. Documenta la agresión, no la culpabilidad.
La metodología parte de la tipología que desarrollaron los politólogos Guillermo Trejo y Sandra Ley para estudiar la violencia criminal contra políticos entre 2006 y 2012, y la amplía con más tipos de víctimas.
LO QUE EL MÉTODO NO ALCANZA A VER
El propio proyecto reconoce sus límites, y esta serie también los asume.
Depende de la prensa. Si un ataque no se publica, no se registra. La cobertura favorece los hechos de alto impacto y, en las regiones más violentas, quienes informan trabajan bajo presión o amenaza. En estados como Guerrero y Oaxaca, eso no es un supuesto.
Las amenazas están subregistradas. Muchas nunca se denuncian ni se publican. Por eso el proyecto advierte que su base no ofrece una cifra única y definitiva.
Casi nunca se sabe quién disparó. Sólo en alrededor del 9.5 por ciento de los eventos se identifica a los perpetradores. El indicio criminal es una inferencia razonada, no una conclusión judicial.
Las cifras se revisan. Un comunicado de enero de 2024 cerró 2023 con 574 agresiones; un balance posterior lo situó en 570 y registró 617 personas e instalaciones atacadas en 2024. Las variaciones reflejan la depuración de casos, no una contradicción.
Dicho de otra forma: lo que registra Votar entre Balas es un piso, no un techo.
QUÉ MUESTRAN LOS DATOS CON ESE CRITERIO
Con esas reglas, el registro acumula 3,081 eventos de violencia político-criminal entre 2019 y el 29 de septiembre de 2026, según el contador de su sitio. Algunos medios han citado 3,082 para el mismo corte; usamos la cifra que publica el proyecto.
Dos rasgos atraviesan toda la serie histórica.
La violencia es municipal. De las casi 1,400 víctimas registradas entre 2018 y 2023, el 77 por ciento estaba en el ámbito municipal y un tercio ocupaba alcaldías, sindicaturas o regidurías.
No depende del calendario electoral. 2023, un año sin elección federal, cerró como el de mayor violencia político-criminal registrada hasta entonces; 2024, con la elección más grande de la historia, lo superó.
¿Y CUAJINICUILAPA?
El asesinato de Arturo Marín Acevedo ocurrió el 17 de octubre, después del último corte publicado por Votar entre Balas. Por sus características (un aspirante atacado por hombres armados en la vía pública), es el tipo de hecho que el proyecto registra, pero su inclusión formal dependerá de la próxima actualización y de los criterios del propio equipo.
En el recuento periodístico, el caso ya tiene un lugar: los medios nacionales coinciden en que es el primer aspirante asesinado del proceso electoral 2026-2027, que arrancó el 10 de septiembre. Esa coincidencia es útil, pero tiene una condición: “primero” significa el primero documentado públicamente desde esa fecha, con la definición de aspirante que usa cada medio.
El caso permite ver también la frontera entre categorías. Marín Acevedo no era candidato registrado ni precandidato formal: participaba en un proceso interno de su partido. Para la estadística oficial, que sólo mira candidaturas, no existiría. Para Votar entre Balas, Integralia o Causa en Común, sí. Esa diferencia no es técnica: decide qué parte de la violencia se vuelve visible.
SERIE · EL NARCO ACECHA LAS URNAS · ENTREGA 3 DE 20 A 214 días de la elección
Por: Froylán Méndez Ferrer
Próxima entrega: Votar entre Balas: cómo se mide la violencia político-criminal. ¿Es Cuajinicuilapa un caso aislado? Para responderlo hay que saber qué se cuenta, quién lo cuenta y con qué criterio.
Nota editorial: Este espacio reconoce el derecho de réplica de los personajes mencionados, conforme al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria en materia de Derecho de Réplica. Cualquier aclaración, rectificación o postura que desee formular sobre los hechos aquí expuestos será publicada íntegramente y con la misma relevancia que este texto. Puede enviarla a: froylanmf@gmail.com
