Una investigación señala que tres proveedoras obtuvieron más de mil millones de pesos en contratos. Labco recibió nuevas adjudicaciones pese a señalamientos oficiales por incumplimiento: ¿qué filtros aplicó el gobierno?
Tres empresas vinculadas con Amílcar Olán obtuvieron contratos federales por más de mil millones de pesos para suministrar medicamentos e insumos, pero incumplieron el 85% de los pedidos, de acuerdo con una investigación presentada por Nayeli Roldán para Así las cosas. El contraste exige explicaciones: una de las proveedoras, Labco Soluciones Médicas, volvió a recibir contratos pese a que el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, ya había señalado sus incumplimientos.
Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, hospitales del IMSS solicitaron a estas compañías cerca de 19 millones de piezas y recibieron apenas 2 millones, según el reportaje. La investigación calcula en 161 millones de pesos el valor de los insumos no entregados; esa estimación no acredita, por sí misma, que el gobierno haya pagado los productos faltantes.
Las proveedoras identificadas son Biosistemas y Seguridad Privada, Labco Soluciones Médicas y Grupo Médico Castro Díaz. Las tres participaron en la mega licitación de 2025, descrita en el reportaje como la primera compra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una advertencia oficial que no impidió nuevos contratos
El vínculo empresarial señalado es Daniel Dagnino Quijano, quien adquirió Biosistemas en 2023 y constituyó Labco ese mismo año. Ambas compañías comparten domicilio registrado en la Ciudad de México, mientras que Grupo Médico Castro Díaz aparece como integrante del mismo grupo empresarial, de acuerdo con la investigación.
El antecedente de Labco vuelve especialmente incómoda la contratación posterior: Clark la señaló en 2025 por incumplir entregas de medicamentos y, aun así, recibió nuevas adjudicaciones. ¿Qué evaluación permitió contratarla otra vez y qué garantías se exigieron para evitar nuevos faltantes? El material no detalla los criterios aplicados ni las medidas adoptadas para asegurar las entregas.
El reportaje vincula a las compañías con Amílcar Olán, a quien identifica como amigo cercano de Andy López Beltrán. También retoma una investigación de 2024 sobre contratos obtenidos mediante Biosistemas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y audios atribuidos a Olán sobre información privilegiada y una presunta simulación de licitaciones; esos señalamientos no equivalen a una determinación judicial.
Los faltantes llegaron a hospitales de alta especialidad
La investigación documenta faltantes de ketorolaco, gemcitabina e insulina, además de jeringas, batas quirúrgicas, tubos para recolección de sangre y catéteres para oxígeno. En el Hospital La Raza, en la Ciudad de México, reporta un incumplimiento del 90% en medicamentos como la insulina; en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente, señala un 96% en dobutamina y ketorolaco.
Para ketorolaco, el material consigna un pedido de 4.9 millones de piezas y la entrega de apenas 3,798, con afectaciones en 36 almacenes y 23 hospitales. En espejos vaginales desechables, Grupo Médico Castro Díaz recibió una orden por 3.6 millones de piezas y entregó 315,000: otro contraste contundente entre lo solicitado y lo recibido.
Al menos 10 almacenes registraron más del 90% de incumplimiento en los pedidos de estas empresas, según el reportaje. El material también señala entregas inferiores al 1% en Chihuahua, faltantes en Puebla y afectaciones en el Hospital Central del Norte de Petróleos Mexicanos y el Hospital Magdalena de las Salinas.
Cifras y respuestas que deben aclararse
El material sitúa el corte de los registros citados al 10 de octubre de 2026, pero no explica cómo concilia el 85% de incumplimiento con los volúmenes aproximados de cerca de 19 millones de piezas solicitadas y apenas 2 millones recibidas. También reproduce un señalamiento de Clark sobre Global Business Group, Médica Polaris y Labco, con 75% de incumplimiento y casi 4 millones de piezas pendientes, sin desglosar cuánto corresponde a cada compañía.
La información recibida refiere posturas gubernamentales de revisión y rechazo a señalamientos sobre redes de impunidad, pero no aporta una respuesta específica de las autoridades ni de las tres empresas a estos resultados. Tampoco permite establecer qué sanciones se aplicaron o cuánto se recuperó por los incumplimientos.
La pregunta no se resuelve con anunciar compras millonarias: ¿por qué volvieron a contratar a una proveedora señalada por la propia autoridad y quién debía verificar que los insumos llegaran? Los contratos acreditan compromisos de suministro; no sustituyen las entregas que la investigación reporta como pendientes.
