En la capital del tráfico sexual del país, niñas están siendo forzadas a la prostitución. Cuando ya no pueden ganar dinero, ‘desaparecen’. Un reportaje británico volvió a poner a un gobierno mexicano bajo la mirada internacional. La respuesta oficial pasó de la negación al reconocimiento parcial.
México. – La escena que describe Louise Callaghan, la corresponsal de The Sunday Times, el brutal y no requiere infiltración ni cámaras ocultas. Mujeres y adolescentes, casi niñas, de pie a la orilla de la carretera en el acceso a Tenancingo, Tlaxcala, muchas de espaldas, cubiertas con sombrillas cuyos colores, según le explicaron, identifican al hombre para el que trabajan. Algunas, a unos metros de una comisaría de policías. Esa visibilidad es, quizá, el dato más vergonzoso de toda la historia: lo que el discurso oficial negó durante años estaba a la vista de cualquiera que pasara por ahí.
Tenancingo no es un descubrimiento periodístico reciente. Desde hace más de una década, legisladores, organizaciones civiles y tribunales extranjeros lo han señalado como punto de origen de redes de explotación sexual. En 2014, un juez federal de Manhattan en Nueva York, condenó a cadena perpetua a dos hermanos mexicanos por organizar una red de trata vinculada con el municipio. En 2019, un equipo de Fox News que investigaba el tema fue obligado a salir por policías municipales, y el gobierno estatal de entonces justificó la medida como una acción de protección. La novedad, por tanto, no es el fenómeno. Es la reacción que provocó esta vez y lo que esa reacción revela.
Los testimonios
El reportaje se sostiene en voces que, por razones evidentes, permanecen anónimas. Un proxeneta describe el método del “enamoramiento”: seducir a una mujer o a una niña en situación vulnerable, simular después una crisis económica y empujarla a “trabajar unas semanas”. Siguen los golpes, el aislamiento y el traslado a Acapulco, Tijuana o Estados Unidos. Dos sobrevivientes relatan cómo fueron captadas así. Una de ellas, hoy abogada, escapó envuelta en una toalla por las calles de Acapulco. La otra, a quien el reportaje llama Rosa, nunca supo cuánto “debía”. Una exdirectora de secundaria cuenta que algunas de sus alumnas discutían quién sería su proxeneta, y que ella conoció el caso de una niña de doce años que desapareció de la escuela.
Estos relatos son coherentes entre sí y con lo documentado durante años por organizaciones y tribunales. Pero conviene leerlos por lo que son: testimonios recogidos por una periodista británica. Algunas afirmaciones descansan en una sola fuente, en particular la creciente participación de los cárteles, el cobro de “derecho de piso” y el reemplazo de la seducción por el secuestro. Si se confirma, sería el hallazgo de mayor gravedad, porque implicaría que la trata en la región dejó de ser un negocio de redes familiares para integrarse a estructuras criminales más amplias y violentas. Los cárteles terroristas.
El giro oficial
La gobernadora Lorena Cuéllar había declarado años atrás que Tlaxcala no tenía “ni un solo problema” de trata y que la situación estaba controlada. Tras la primera entrega del reportaje, su oficina descalificó el trabajo periodístico. Tras la segunda, el discurso cambió. El vocero estatal sostuvo que la postura del gobierno ha sido “clara y consistente”: reconocer el problema para combatirlo. El coordinador de Comunicación presentó cifras: 40 sentencias condenatorias desde 2022, dos casos de pornografía infantil y seis carpetas abiertas en lo que va del año. La Fiscalía estatal añadió que esas sentencias suman mil 106 años de prisión y que se ejecutaron 36 órdenes de aprehensión.
Las cifras merecen atención y también contexto. Cuarenta sentencias en cuatro años no son un dato menor en un país donde la trata se castiga poco. Pero la propia comunicación oficial muestra inconsistencias. La presidencia habló de 37 sentencias en Tlaxcala desde 2022, y el estado de 40. Los datos entregados a la periodista mostraban periodos sin un solo caso registrado. Y seis carpetas en un año contrastan con lo que cualquier automovilista puede observar en la carretera. Las sentencias, las carpetas y las acusaciones miden cosas distintas; presentarlas juntas da una impresión de eficacia que no necesariamente describe la magnitud del fenómeno.
El coordinador ofreció además dos argumentos escrutables. El primero: que las fiscalías “no actúan si no hay denuncias”. En México, los delitos de trata se persiguen de oficio, por lo que la ausencia de denuncias explica, pero no justifica, la ausencia de investigaciones, sobre todo cuando la conducta es visible en la vía pública. El segundo: que en el gobierno anterior, de Marco Mena, hubo 20 casos “congelados”, lo que “podría ser complicidad”, y que la actual gobernadora ordenó reabrirlos.
La respuesta del gobierno federal
La periodista llevó la pregunta a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sheinbaum respaldó a la gobernadora, afirmó que hay detenciones e investigaciones, y explicó que el Centro Nacional de Inteligencia participa en la revisión de casos en coordinación con el gobierno estatal. Reiteró que Cuéllar es “una gran gobernadora”. La respuesta reconoció la existencia del problema, pero no ofreció medidas nuevas ni específicas para Tenancingo. Para una administración que ha hecho de la vida libre de violencia para las mujeres una bandera, la distancia entre el discurso general y la respuesta concreta es, al menos, una pregunta legítima.
El municipio y una línea que no debe cruzarse
El presidente municipal de Tenancingo calificó el reportaje de “comentarios sacados de la nada”. La periodista reveló después que una fuente le entregó documentos judiciales según los cuales un hermano del edil estuvo preso por trata, e incluyen un testimonio que lo sitúa, a los diecisiete años, acompañando a una víctima en un vuelo. Es indispensable subrayar lo que el propio reportaje aclara: el alcalde nunca ha sido acusado de delito alguno ni fue parte del proceso contra su hermano. El Gobierno estatal dice no conocer denuncias en su contra, pero sí ilustra lo que un policía entrevistado describe con crudeza: en una comunidad donde el fenómeno es multigeneracional, quienes deben combatirlo a menudo conviven con él, y denunciar tiene un costo personal.
La conclusión más sólida que permite el material publicado en The Sunday Times, es que el problema existe, las propias autoridades ya lo admiten, y la magnitud que reconocen las cifras oficiales parece menor a la que describen quienes lo viven. Cerrar esa brecha, con datos verificables y no con conferencias de prensa, es la tarea pendiente. Y no le corresponde sólo a los periodistas, sean ingleses o tlaxcaltecas. Es parte de una gran deuda del estado mexicano para con la mujeres y niñas que han sido obligadas a pertenecer a las redes de explotación sexual. ¡Qué vergüenza de país!
Por Froylán Méndez Ferrer / SINMCO / ANSIC
El artículo esta basado en la investigación titulada “We exposed sex-trafficking town: now officials admit it’s a problema” de la periodista británica Louise Callaghan de The Sunday Times.
The Sunday Times es un periódico dominical británico cuya tirada lo convierte en el mayor de su categoría dentro del mercado de prensa en Gran Bretaña . Fue fundado en 1821 como The New Observer . Lo publica Times Newspapers Ltd, filial de News UK, propiedad de News Corp. Times Newspapers también publica The Times .
