Las versiones sobre San Pedro el Alto y Santo Domingo Teojomulco atribuyen responsabilidades opuestas. Publicaciones en redes sociales no aportan documentos ni imágenes que acrediten los señalamientos sobre cultivos y crimen organizado.
El medio digital Alerta Sierra-Sur difundió una versión según la cual comuneros de Santo Domingo Teojomulco retuvieron a 3 personas de San Pedro el Alto el 13 de octubre, después de un presunto ingreso armado a terrenos en disputa. El relato acusa a los retenidos de intentar usar armas y presenta su traslado a la cabecera municipal como una medida para evitar una confrontación.
Según esa publicación, el grupo ingresó con ropa de camuflaje para realizar vigilancia, instalar cámaras y detener a personas de Teojomulco que encontrara en el área. También le atribuye pintas contra esa comunidad en la ranchería El Tlacuache, cortes de caminos y bloqueos con cadenas, tierra y piedras; todas son imputaciones de la fuente, no hechos acreditados con el material entregado.
El mismo relato sostiene que otros integrantes escaparon y que un segundo grupo de San Pedro el Alto utilizó un dron para localizar a los retenidos e intentar rescatarlos. La publicación termina con descalificaciones contra San Pedro el Alto: ese lenguaje revela una posición abiertamente favorable a Teojomulco y obliga a no confundir su versión con una reconstrucción independiente.
La versión contraria tampoco queda acreditada por acumular acusaciones. Un reporte adicional, ubica retenciones en octubre de 2026 y responsabiliza a pobladores armados de Teojomulco, pero no permite establecer si describe el mismo episodio del 13 de octubre.
Ese reporte identifica a San Pedro el Alto como agencia municipal de Zimatlán de Álvarez y estima la superficie disputada entre 7,000 y más de 17,000 hectáreas. Además, atribuye a incursiones registradas entre 2023 y 2026 el desplazamiento forzado de más de 210 familias, sin adjuntar un padrón, expedientes o documentos que permitan corroborar esa cifra.
El documento también refiere que autoridades comunales de San Pedro el Alto acudieron a la Cámara de Diputados entre septiembre y octubre de 2026 para denunciar invasiones y presiones destinadas a obtener recursos públicos. No incluye la denuncia ni una respuesta de las autoridades señaladas: el señalamiento debe permanecer atribuido, no convertirse en una conclusión de la nota.
Las sospechas sobre marihuana no equivalen a una conexión criminal demostrada. Otro texto, atribuido al medio digital Alerta Comunitaria S-P, menciona imágenes de presuntos sembradíos y los vincula con Teojomulco, pero esas imágenes no aporta una ubicación verificable o identificación técnica de los cultivos.
El propio texto pide comprobar la ubicación y naturaleza de las plantas, determinar quién controla los terrenos e investigar posibles vínculos criminales. Ese llamado contrasta con la conclusión del reporte adicional, que presenta la convergencia con el crimen organizado como confirmada: los elementos entregados no sostienen ese salto.
El material tampoco informa sobre la situación posterior de las 3 personas reportadas como retenidas ni incluye una versión institucional de los hechos. ¿Dónde están, en qué condiciones y qué autoridad intervino? Antes de convertir una disputa territorial en una sentencia pública contra cualquiera de las comunidades, esas preguntas necesitan respuestas verificables.
