México Evalúa reporta resultados desiguales contra la extorsión: los registros bajaron en entidades prioritarias, pero aumentaron en el resto del país. La cifra negra impide equiparar menos registros con menos delitos.
México.- La tasa nacional de víctimas registradas de extorsión aumentó 65% entre los periodos enero-septiembre de 2015 y 2026: pasó de 3.9 a 6.4 por cada 100 mil habitantes, según un informe de México Evalúa publicado el 2 de noviembre de 2026. Los registros oficiales contabilizaron 8,551 víctimas durante los primeros nueve meses de 2026, un balance que pone bajo cuestionamiento el alcance de la respuesta de seguridad.
El contraste exige una explicación, no una celebración selectiva de indicadores: la tasa de homicidio doloso disminuyó 31.3% respecto al mismo periodo de 2025, mientras la extorsión mantiene niveles elevados, de acuerdo con el material. Esa reducción debe reconocerse, pero ¿basta para sostener que la seguridad mejora si persisten las amenazas contra el patrimonio de comerciantes, transportistas, empresarios y familias?
La dimensión del subregistro impide leer las cifras oficiales como un retrato completo. Según la ENVIPE 2026 del INEGI, el 97.5% de las extorsiones ocurridas en 2025 no fue denunciado o no derivó en una carpeta de investigación. Por ello, una disminución en los registros no demuestra, por sí sola, una reducción equivalente del delito.
La Estrategia Nacional contra la Extorsión, presentada en julio de 2025, ofrece un balance territorial desigual. En las ocho entidades consideradas prioritarias, los registros disminuyeron 13% entre enero-septiembre de 2025 y 2026; en el resto del país aumentaron 30%. Además, seis de los nueve estados con mayores tasas no forman parte de la lista inicial: ¿con qué criterios se revisan las prioridades frente a ese panorama?
La concentración territorial también reclama respuestas concretas. De acuerdo con la investigación, Centro Metropolitano, Bajío-Occidente y Norte Industrial y Minero reúnen aproximadamente 85% de las víctimas registradas, pese a concentrar 69% de la población nacional. Apenas 42 municipios acumulan la mitad de las víctimas registradas.
En el corredor industrial del Bajío, donde operan cadenas manufactureras y logísticas vinculadas al comercio internacional, Celaya, Guanajuato, alcanzó una tasa de 26.8 víctimas por cada 100 mil habitantes, mientras Silao registró 20.5. Estas cifras colocan bajo escrutinio la protección de la actividad económica en zonas estratégicas, aunque no permiten cuantificar por sí mismas las pérdidas de inversión o empleo.
El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta una exigencia de resultados que no se resuelve mostrando un solo indicador favorable. ¿Cómo se traducen las acciones contra la extorsión en investigaciones patrimoniales, persecución de estructuras financieras y protección efectiva a denunciantes? El material no ofrece elementos para acreditar el desmantelamiento de esas redes: esa es la prueba pendiente que las reducciones parciales en los registros no pueden sustituir.
Agencia ANSIC.MX
