Los hallazgos de colectivos buscadores obligan a exigir identificación y esclarecimiento. En Mexicali, la Fiscalía vincula investigaciones sobre desapariciones con la presunta participación de policías municipales.
México.- Colectivos de búsqueda localizaron restos humanos en fosas clandestinas de Sonora y Baja California, donde las investigaciones sobre desapariciones también alcanzan a policías municipales de Mexicali por su presunta participación. Los descubrimientos colocan una exigencia frente a las fiscalías: identificar a las víctimas y esclarecer responsabilidades, sin confundir los recuentos de hallazgos con el número de personas.
En Suaqui Grande, Sonora, integrantes de Buscadoras por la Paz localizaron el 3 de noviembre restos óseos de al menos cuatro personas en el predio conocido como Jani, en la Sierra Baja. Encontraron cuatro cráneos, indicios balísticos, cinta adhesiva, prendas deterioradas y documentos personales.
La dirigente Cecilia Delgado advirtió que podría existir una quinta víctima, aunque corresponde a los peritos determinarlo. Es una posibilidad pendiente de confirmación, no una víctima adicional que pueda darse por acreditada.
El descubrimiento constituye la primera fosa clandestina localizada por el colectivo en esa región, después de aproximadamente dos años de recorridos. El dato abre una pregunta incómoda para las instituciones encargadas de investigar: ¿qué acciones realizaron para localizar estos sitios mientras las familias recorrían el territorio?
En Baja California, colectivos localizaron nuevas fosas y restos humanos en el poblado Miguel Alemán, dentro del Valle de Mexicali, durante la Brigada Estatal de Búsqueda 2026. El 4 de noviembre, la fiscal general María Elena Andrade Ramírez informó de 51 hallazgos acumulados en 26 fosas clandestinas, según el recuento difundido por diversos medios, y 27 perfiles genéticos identificados.
La funcionaria aclaró que cada hallazgo no equivale necesariamente a una persona diferente. Esa precisión impide presentar los 51 hallazgos como 51 víctimas o equiparar los perfiles genéticos identificados con personas cuya identidad ya haya sido establecida.
La Fiscalía relaciona investigaciones sobre desapariciones en la zona de antros de Mexicali con la presunta participación de policías municipales que habrían entregado personas a grupos criminales. Se trata de una imputación atribuida a la institución, no de una responsabilidad judicial acreditada en la información disponible.
La presunta intervención de agentes obliga a ir más allá del recuento de fosas: ¿qué elementos sustentan esas investigaciones y qué responsabilidades podrán acreditarse? También queda por esclarecer si existieron redes de protección o encubrimiento, sin dar su existencia por demostrada.
Los hallazgos no sustituyen las respuestas que necesitan las familias. ¿Qué avances pueden transparentar las fiscalías sobre la identificación de los restos, la investigación de las desapariciones y la protección de quienes buscan? La rendición de cuentas debe permitir distinguir entre restos localizados, identidades establecidas y responsabilidades probadas.
Agencia ANSIC.MX
