Anabel Hernández atribuye presuntos nexos criminales al entorno del exgobernador. Los señalamientos y antecedentes financieros abren preguntas sobre la actuación institucional, pero no acreditan culpabilidad.
México.- La periodista Anabel Hernández señaló presuntos vínculos del entorno de Cuauhtémoc Blanco Bravo con organizaciones criminales, a partir de testimonios y un informe atribuido a inteligencia naval. Las acusaciones colocan bajo escrutinio la administración del exgobernador de Morelos, pero requieren corroboración institucional independiente y no constituyen por sí mismas prueba judicial de una alianza criminal.
El material recibido ubica esas declaraciones en el episodio 118 de Narcosistema, publicado, según esa referencia, el 29 de octubre de 2026. Hernández sostuvo que personas que pertenecieron al círculo cercano de Blanco señalaron que su llegada a la gubernatura habría contado con respaldo de La Familia Michoacana y La Unión Tepito, cuyos integrantes presuntamente ampliaron su influencia territorial durante su administración.
La periodista también afirmó haber tenido acceso a un informe confidencial atribuido a la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina. Según su relato, el documento identificaba presuntas conexiones entre funcionarios cercanos a Blanco y estructuras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Gente Nueva. La gravedad del señalamiento obliga a preguntar qué elementos lo respaldan y si alguna autoridad los ha incorporado a una investigación.
Los antecedentes financieros tampoco pueden quedar reducidos a ruido político. El material refiere que, desde 2020, José Manuel Sanz Rivera, antiguo representante deportivo de Blanco y posteriormente jefe de la Oficina de la Gubernatura, fue señalado en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera por operaciones bancarias inusuales. En el denominado Caso Primavera se reportaron seis movimientos por 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones, además de referencias a transferencias internacionales vinculadas con una cuenta en Suiza.
Hernández afirmó que el informe naval también señalaba presuntos nexos de Sanz con el CJNG y Gente Nueva. Por separado, el periodista José Luis Montenegro aseguró a finales de octubre de 2026 que el FBI investigaría desde 2024 al exgobernador y a su antiguo colaborador. Esa versión sobre una investigación estadounidense no equivale a una confirmación del FBI ni acredita culpabilidad por lavado de dinero.
Blanco ha negado anteriormente mantener vínculos con organizaciones delictivas, posición que debe considerarse frente a las acusaciones. Sin embargo, una negativa no resuelve las preguntas sobre los antecedentes financieros: ¿qué resultados tuvieron las investigaciones iniciadas desde 2020?, ¿existe alguna carpeta sobre las conexiones descritas por Hernández y cuál es su estado procesal?
Morena, partido al que pertenece actualmente Blanco, también enfrenta una pregunta incómoda: ¿qué mecanismos de revisión aplicó antes de respaldar su llegada a la Cámara de Diputados? La exigencia de esclarecimiento alcanza a la Fiscalía General de la República, la UIF y las instituciones competentes: ¿qué pueden acreditar y qué señalamientos carecen de sustento? Ni la acusación sustituye la prueba ni la defensa política responde por los resultados de una investigación.
Agencia ANSIC.MX
