Tras el asalto en Los Cabos, Celestino Atienzo cuestionó la supuesta falta de bitácoras en instalaciones federales. La ubicación reportada exige esclarecimiento, pero no acredita participación militar.
Celestino Atienzo, regidor del PAN en el Ayuntamiento de Los Cabos, denunció que uno de los celulares robados durante el asalto que sufrió junto con otras seis personas el 9 de octubre de 2026 fue rastreado hasta un cuartel compartido por la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN). El señalamiento coloca bajo escrutinio los controles del recinto: según el edil, a los afectados les informaron que no existen bitácoras de entradas y salidas.
La denuncia exige esclarecer el recorrido del teléfono, no convertir una ubicación digital en una sentencia. El material disponible no aporta confirmación oficial que acredite la participación de elementos federales en el atraco ni una verificación independiente de la ubicación reportada por las víctimas.
En entrevista con Latinus, Atienzo relató que dos sujetos encapuchados y armados irrumpieron en una propiedad de la zona de Toro Muerto, en San José del Cabo. Los agresores encañonaron a los presentes, entre ellos un ciudadano extranjero, y sustrajeron siete teléfonos celulares, tokens bancarios, un vehículo particular y aproximadamente 100 mil pesos en efectivo.
El regidor aclaró que entre 6 mil y 8 mil pesos eran de su propiedad; el resto correspondía a recursos de los asistentes destinados a otros compromisos. También dijo que los atacantes emplearon expresiones que relacionó con adiestramiento militar y dejaron objetos de alto valor, como un reloj Rolex, circunstancias que le generaron sospechas de una posible planeación previa, sin que esas apreciaciones acrediten la identidad de los responsables.
De acuerdo con el relato de los afectados, aplicaciones de rastreo como Life360 y servicios de Google permitieron seguir los dispositivos después del robo. Cerca de las 11:59 de la noche, un teléfono dejó de emitir señal junto a un puente del libramiento carretero del aeropuerto hacia Cabo San Lucas; las víctimas acudieron a esa zona y recuperaron dos teléfonos.
Minutos después de la medianoche, según la denuncia, otro equipo marcó su última ubicación dentro de los dormitorios del Batallón de Infantería de Marina Número 46 (BIM-46), sobre la autopista San José del Cabo – Cabo San Lucas. Esa es la ubicación que debe esclarecer la investigación; por sí sola no demuestra quién llevó el aparato ni quién cometió el asalto.
La supuesta ausencia de registros abre otro frente que tampoco puede despacharse sin explicación. Según Atienzo, en el Ministerio Público informaron a los afectados que el cuartel carecía de bitácoras para identificar los ingresos y las salidas.
“Se me hace una barbaridad que un destacamento de la Guardia Nacional y de la Marina no tenga un control de quién entra y sale. La ubicación de los celulares es sumamente exacta; es imposible que se equivoquen”, dijo el regidor. La certeza que atribuye al rastreo es su valoración, no una conclusión pericial aportada en el material.
Los propietarios del domicilio presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), registrada en la carpeta SJC/3246/2026. La información difundida también señala que la Fiscalía General del Estado investiga la hipótesis de una nueva modalidad de robo en la zona, mientras la dirigencia estatal del PAN condenó el asalto y exigió esclarecimiento, deslinde de responsabilidades y garantías de seguridad.
¿Qué elementos permitirán corroborar el rastreo y quién puede explicar la presunta falta de bitácoras? La investigación debe resolver ambas preguntas: ni la sospecha sustituye las pruebas ni la condición militar del recinto vuelve irrelevante el señalamiento.
