La investigación describe meses de hostigamiento, un pago de 500 pesos y amenazas contra una estudiante y su familia. ¿Qué mecanismos de protección operaron antes de que el acoso llegara a su domicilio?
Un juez vinculó a proceso por extorsión a un adolescente acusado de exigir dinero a una compañera de escuela menor de edad y de amenazarla tanto en redes sociales como en su domicilio, en Tultitlán, Estado de México. Según las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la víctima pagó 500 pesos para evitar la difusión de supuestas fotografías suyas, pero las publicaciones intimidatorias continuaron.
La investigación describe meses de ciberacoso: el imputado presuntamente publicaba historias con contenido denigrante y exigía que la estudiante abandonara la escuela, bajo amenaza de mantener las agresiones virtuales. El caso plantea una pregunta incómoda: ¿qué mecanismos de detección y protección operaron durante ese periodo? El reporte no precisa qué conocimiento tuvo el plantel ni qué medidas adoptó.
El 8 de septiembre, de acuerdo con las indagatorias, el adolescente exigió 500 pesos a cambio de no difundir supuestas fotografías de la víctima. La menor entregó el dinero, pero el señalado habría realizado de todas formas las publicaciones intimidatorias y denigrantes. El pago no puso fin al hostigamiento descrito por la fiscalía.
A finales de septiembre, según la investigación, el imputado acudió al domicilio de la estudiante y dejó un mensaje intimidatorio en el que se presentó falsamente como integrante de un grupo criminal con orígenes en Jalisco. Habría exigido más pagos a la menor y a su familia, además de insistir en que fuera expulsada o dada de baja de la escuela. Esa supuesta pertenencia criminal se describe como una forma de intimidación, no como un vínculo acreditado.
Tras las amenazas en su domicilio, la familia presentó una denuncia ante las autoridades ministeriales. La FGJEM abrió la carpeta de investigación e identificó al presunto responsable; posteriormente, un juez especializado libró una orden de aprehensión con base en los datos aportados por el Ministerio Público, y agentes de la fiscalía estatal lo detuvieron.
El adolescente fue ingresado al Centro para Adolescentes Quinta del Bosque y quedó a disposición judicial. El juez determinó su vinculación a proceso por el delito de extorsión, impuso el internamiento preventivo y fijó 20 días para el cierre de la investigación complementaria. Aunque el reporte también refiere señalamientos de ciberacoso, no informa una vinculación por ese delito.
De acuerdo con el reporte, si es declarado culpable podría enfrentar hasta 3 años de internamiento; la vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. La respuesta judicial está documentada, pero queda abierta otra cuestión: ¿qué medidas de protección y continuidad escolar se dispusieron para la víctima y su familia? El material no ofrece esa respuesta.
