Las adjudicaciones directas posteriores a licitaciones desiertas ponen bajo escrutinio las decisiones del instituto. Los señalamientos exigen explicaciones documentadas, pero no acreditan por sí solos responsabilidades penales.
México.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) otorgó cinco contratos por 270 millones 737 mil 738.90 pesos entre 2018 y 2024 a Cajas Graf, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales, según las investigaciones periodísticas referidas en el material. El escrutinio no se limita al monto: en 2024, el organismo declaró desiertas licitaciones porque las ofertas superaban su presupuesto y después autorizó contrataciones directas con empresas participantes.
Entre las compañías contratadas directamente figuraron algunas cuyas propuestas habían sido de las más costosas, de acuerdo con las investigaciones citadas. El propio instituto reconoció oficialmente las adjudicaciones directas a Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales. ¿Qué cambió entre el rechazo de las ofertas por razones presupuestales y la autorización de esas contrataciones?
Los montos reportados incluyen 64.8 millones para Cajas Graf en 2018, casi 141 millones para Formas Finas y Materiales entre 2021 y 2022, y otros 64.8 millones repartidos entre Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales en 2024. El Universal, El Imparcial de Oaxaca y La Silla Rota han publicado investigaciones que colocan estas operaciones bajo escrutinio público.
Esos trabajos relacionan a las compañías con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, identificados en las publicaciones como parte de una red empresarial cercana a Guadalupe Taddei Zavala, a quien el material presenta como expresidenta del INE. Esos vínculos reportados no prueban por sí mismos una irregularidad contractual ni responsabilidad penal; sí hacen pertinente preguntar qué controles se aplicaron frente a posibles conflictos de interés.
El procedimiento de compra es el punto que exige respuestas. El Universal documentó cuestionamientos del entonces titular del Órgano Interno de Control, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez. Otras investigaciones identificaron que aproximadamente nueve de cada diez contratos de compras reportados durante cinco años se tramitaron mediante adjudicación directa o invitación restringida.
Los señalamientos también alcanzan la gestión de Iliana Araceli Hernández Gómez, exsecretaria ejecutiva del IEEPCO, identificada en el material como funcionaria cercana a Taddei. Durante su gestión se autorizaron importantes contrataciones, de acuerdo con la información proporcionada. Esa referencia no acredita una intervención ilícita: obliga a precisar quién autorizó cada operación y con qué justificación.
Las investigaciones citadas también identificaron operaciones de empresas vinculadas con los Hernández Casillas en organismos electorales de numerosos estados. En Oaxaca se reportan revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y señalamientos sobre posibles conflictos de interés, sin que el material aporte resultados que permitan afirmar la existencia de sobreprecios, simulación de competencia, faltas administrativas o delitos.
La exigencia editorial es concreta: la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, y quienes participaron en los comités de adquisiciones deben explicar documentalmente las decisiones correspondientes a sus respectivas gestiones. ¿Qué criterios justificaron los precios, cómo se evaluaron las alternativas y quién asumió la responsabilidad de contratar? El instituto encargado de organizar elecciones también debe someter sus propias compras al escrutinio público, sin que esa exigencia sustituya la labor de las autoridades fiscalizadoras ni anticipe culpabilidades.
Agencia ANSIC.MX
