El aval legislativo no resuelve las observaciones de la ASF ni extingue responsabilidades. Estados y municipios concentran el 91% del monto pendiente: la exigencia de explicaciones sigue abierta.
México.- La Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mientras permanecen pendientes de aclaración 65 mil 169.1 millones de pesos identificados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El aval, con 321 votos a favor y 117 en contra el 27 de octubre, no extingue responsabilidades ni acredita un desfalco por ese monto. Tampoco responde la pregunta de fondo: ¿cómo justificar políticamente la aprobación cuando siguen abiertas observaciones de esta magnitud?
El informe de la ASF, presentado el 17 de febrero de 2026, documentó observaciones por 67 mil 174.7 millones de pesos tras 2 mil 264 auditorías. De ese monto, se habían recuperado 2 mil 005.6 millones. La diferencia sigue sujeta a aclaración: no puede presentarse como dinero robado, pero tampoco como gasto plenamente comprobado.
Los gobiernos estatales y municipales concentran 59 mil 363.7 millones de pesos pendientes de justificar, equivalentes al 91% del total. Las observaciones abarcan recursos federales destinados a educación, salud e infraestructura. Esa concentración obliga a dirigir el escrutinio hacia las autoridades locales, sin diluir la exigencia de explicaciones sobre el ejercicio del presupuesto federal.
Entre las dependencias federales, Petróleos Mexicanos acumuló observaciones por aproximadamente mil 762 millones de pesos; la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes también figura entre las instituciones señaladas. Todavía falta determinar qué observaciones serán solventadas y cuáles derivarán en recuperaciones, sanciones o investigaciones penales. Confundir esos procedimientos pendientes con culpabilidades probadas sería tan improcedente como utilizar el aval legislativo para dar por aclarados los recursos.
El decreto aprobado por los diputados reconoce que las acciones de fiscalización deben continuar y que los presuntos responsables pueden ser sancionados. Ese reconocimiento impide interpretar la votación como un cierre de las revisiones. La pregunta incómoda para el Congreso es qué seguimiento dará a los montos observados después de aprobar las cuentas.
Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades estatales, las instituciones fiscalizadas y la ASF, la exigencia pública sigue abierta: precisar quién administró los recursos, qué documentación falta, cuánto se ha recuperado y qué expedientes podrían generar responsabilidades. El aval de una mayoría no sustituye la comprobación del gasto. La prueba de la rendición de cuentas estará en las aclaraciones, los reintegros y, donde corresponda, las sanciones, no en la votación.
Agencia ANSIC.MX
