Doce municipios impugnaron la asignación directa del FAIS. La Corte rechazó sus argumentos, mientras un taller México-Canadá planteó una exigencia: preservar lenguas requiere decisiones comunitarias y recursos sostenidos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por unanimidad la asignación directa de al menos el 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a pueblos indígenas y afromexicanos, frente a las impugnaciones de doce municipios de diez entidades federativas. El fallo rechazó que esa obligación vulnere la autonomía presupuestaria municipal y coloca una pregunta incómoda en el debate: ¿cómo convertir el reconocimiento jurídico de las comunidades en capacidad efectiva para sostener sus propias decisiones?
Entre los municipios que promovieron controversias constitucionales figuran Huixquilucan, San Nicolás de los Garza e Irapuato. Argumentaron que la disposición vulneraba la autonomía presupuestaria municipal, con referencia a los artículos 115 y 122; el Pleno determinó que el mandato del Artículo 2º obliga a armonizar el gasto local con la garantía de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos.
La asignación directa y la capacidad de administrar esos recursos derivan de la reforma de 2024, que reconoce a los pueblos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. La ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo: “La administración directa de los recursos que les corresponden es parte de su autonomía y del respeto a su dignidad.” La defensa municipal del presupuesto encontró así un límite constitucional: los derechos de las comunidades.
La autonomía cultural exige algo más que reconocimiento legal. Las conclusiones del Taller de Revitalización Lingüística México-Canadá, coorganizado por la Secihti, plantearon que las comunidades deben definir sus objetivos y dirigir sus acciones. También señalaron el fracaso de las políticas lingüísticas y educativas impuestas verticalmente, y la necesidad de financiamiento de largo plazo, condiciones socioeconómicas dignas y espacios libres de discriminación.
Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secihti, advirtió: “La educación formal debe seguir siendo un soporte, pero la lengua que no se transmite entre generaciones tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir.” Esa advertencia cuestiona cualquier respuesta reducida a programas escolares: ¿qué condiciones tendrán las comunidades para transmitir sus lenguas fuera del aula y sostener ese esfuerzo?
El taller también abordó herramientas como el Sistema de Información Bibliográfica de Lenguas Indígenas, el Observatorio Nacional de Lenguas en Riesgo (Renili) y la inclusión de lenguas indígenas en la inteligencia artificial. Estas iniciativas buscan nivelar el estatus del español y las lenguas originarias en las instituciones de educación superior, pero el propio diagnóstico obliga a preguntar cómo se acompañarán de recursos estables y conducción comunitaria.
La coincidencia entre ambos acontecimientos es la autodeterminación; no acredita, por sí sola, que los recursos del FAIS puedan financiar cualquier proyecto lingüístico. Queda por precisar qué alcance tiene esa asignación para atender las condiciones materiales de la revitalización y cómo se articulará con el financiamiento cultural y educativo de largo plazo.
Los precedentes judiciales también ratifican la necesidad de fiscalización transparente y rendición de cuentas compatibles con la autonomía y las costumbres de los pueblos. El desafío no termina al reconocer quién administra: ¿cómo asegurar controles efectivos sin reinstalar la tutela institucional que la administración directa busca superar?
Por Froylán Méndez Ferrer / SINCO / ANSIC
