Comuneros de Benito Juárez, San Miguel Chimalapa, denuncian incursión no autorizada de la Fuerza Pakal en sus parcelas agrícolas, generando alerta por posibles confrontaciones. Autoridades locales solicitan intervención federal para garantizar la paz.
La tranquilidad en Los Chimalapas se ve nuevamente afectada por una incursión ilegal. Comuneros del municipio Benito Juárez, en San Miguel Chimalapa, Oaxaca, reportaron la entrada no autorizada de la Fuerza de Reacción Inmediata “Pakal”, unidad élite de la Policía Estatal de Chiapas, en sus tierras comunales. Los agentes intimidaron a los trabajadores que desarrollaban sus labores agrícolas, incrementando la tensión en una región con antecedentes prolongados de disputas limítrofes.
Las autoridades comunitarias y municipales manifestaron su preocupación ante esta vulneración a la soberanía oaxaqueña, señalando que la irrupción ocurrió en el paraje denominado arroyo Los Patos, en contravención a resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la delimitación territorial. Frente a las amenazas y la presión, los comuneros establecieron un bloqueo provisional para impedir la continuidad de estas acciones.
Tras ser rechazados, los elementos policiales se retiraron, pero alertaron que podrían regresar con refuerzos y con propósitos agresivos hacia la población local. Esta escalada verbal refleja la falta de voluntad para una solución pacífica y evidencia la ligereza con la que se manejan las funciones de seguridad desde Chiapas en esta zona conflictiva.
Las autoridades de Oaxaca han enviado comunicados formales a instancias nacionales como la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando una pronta intervención. Requieren la presencia del Ejército Mexicano para preservar la seguridad y evitar confrontaciones que pongan en riesgo a una comunidad indígena históricamente vulnerable.
Este incidente reitera la vulnerabilidad institucional en Los Chimalapas, donde la ausencia de una aplicación efectiva de resoluciones judiciales contribuye a la inseguridad territorial y humana. La incursión reiterada de policías de Chiapas pone en entredicho la autoridad estatal oaxaqueña y agrava el clima de tensión que enfrentan los comuneros.
En conclusión, la situación en Los Chimalapas revela una distancia significativa entre la realidad que viven las comunidades zoques y la gestión institucional. Sin mecanismos efectivos que hagan cumplir la ley y protejan a los pueblos originarios, los conflictos persistirán, afectando la integridad, la paz social y la cohesión territorial de la región.
