La inclusión de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana habilita mecanismos de control financiero en Argentina, pero no modifica su situación jurídica en México ni acredita congelamientos de activos.
El gobierno de Javier Milei incorporó el 22 de octubre de 2026 al Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana al registro antiterrorista de Argentina, una decisión que habilita mecanismos para identificar y frenar operaciones financieras vinculadas con estas organizaciones. La clasificación tiene efectos dentro del marco jurídico argentino: no modifica por sí misma la legislación mexicana ni demuestra que ya se hayan congelado cuentas o decomisado bienes.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 5/2026, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, y fue anunciada por la Oficina del Presidente. Con estas incorporaciones, suman tres los cárteles mexicanos inscritos en el registro, después de la inclusión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en marzo de 2026.
El alcance financiero de la designación
La inscripción en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) permite aplicar mecanismos de prevención y detección de operaciones relacionadas con el financiamiento del terrorismo. También facilita el intercambio de información entre instituciones argentinas y autoridades de otros países.
Su alcance incluye herramientas para congelar activos y bloquear operaciones económicas vinculadas con estas redes dentro del sistema financiero argentino. Sin embargo, la habilitación legal no equivale a una intervención financiera ya ejecutada: la información disponible no identifica cuentas, bienes o sociedades afectados por la resolución.
La diferencia importa para evaluar la eficacia de la decisión. El número de organizaciones registradas muestra una ampliación de la política de seguridad argentina, pero no permite establecer cuánto dinero podría inmovilizarse ni qué redes concretas serían alcanzadas.
Los argumentos del gobierno argentino
La administración de Milei sustentó las incorporaciones en informes reservados sobre la capacidad operativa, la expansión regional y la diversificación de actividades de los grupos. Según el gobierno argentino, esas características representan riesgos para la seguridad y el patrimonio de los habitantes del país.
Al Cártel de Sinaloa le atribuyó narcotráfico internacional, contrabando y secuestros extorsivos. A La Nueva Familia Michoacana la vinculó con tráfico internacional de drogas y minería ilegal; estos señalamientos forman parte de la justificación gubernamental y la inscripción no constituye, por sí sola, una sentencia que acredite responsabilidades individuales.
Una medida regional, no exclusivamente mexicana
La resolución también incorporó al Ejército de Liberación Nacional (ELN), a facciones disidentes identificadas como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a Los Tiguerones, de Ecuador. En total, el paquete incluyó cinco organizaciones de tres países.
La decisión coincide con la política de Estados Unidos de clasificar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y con la cooperación de seguridad entre Washington y Buenos Aires. Esa coincidencia permite identificar una convergencia de enfoques, pero no demuestra por sí misma que la resolución argentina haya sido resultado de presión estadounidense.
Queda pendiente conocer qué operaciones o estructuras financieras serán objeto de medidas concretas en Argentina. La información proporcionada tampoco incluye una reacción del gobierno mexicano, por lo que no permite afirmar que la designación haya provocado una controversia diplomática.
