– A dos meses exactos del asesinato de Leyva, el gobierno capacitó a 32 funcionarios sobre periodismo libre. Los tres que acumulan acusaciones de periodistas no estuvieron. La lección era para ellos ¿o no? Y los que asistieron ni le entendieron.
En un auditorio de Palacio de Gobierno donde el lunes 22 de septiembre se habló del deber del Estado de proteger a la prensa sobraron tres sillas. Ni el gobernador, ni el secretario de Gobierno, ni el consejero jurídico figuraron entre los asistentes a la ponencia “Acceso a la Información Pública y Periodismo Libre”, impartida Ricardo Neves, Oficial en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No aparecen en una sola de las decenas de fotografías que se compartieron en las redes institucionales.
La ausencia sería un asunto de agenda si no se tratara de los tres nombres que se repiten, una y otra vez, en las denuncias de periodistas oaxaqueños durante este sexenio. Uno de esos periodistas los dejó señalados por escrito y en video antes de ser asesinado. La capacitación, además, se realizó irónicamente justo el día en que se cumplían dos meses de su muerte.
Cuatro periodistas, los mismos nombres
El caso más grave es el de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, quien denunció ante la FGR al gobernador, al consejero jurídico y al secretario de Gobierno por el delito de amenazas. Cuatro días antes de la capacitación, el hermano de la víctima, Jesús Leyva, hizo suyos los señalamientos. Reveló además que la FGR tiene identificado desde hace tres semanas al dueño del vehículo en que huyeron los agresores, sin haberlo detenido ni llamado a declarar.
El segundo es Ernesto Rojas Ayuzo. Presentó una queja ante la Defensoría y una denuncia penal contra el secretario de Gobierno y el consejero jurídico, a quienes acusa de una campaña de difamación y persecución que, sostiene, se busca llevar al terreno judicial. La última acusación de hostigamiento en contra de Ayuzo sucedió el 19 de septiembre cuando policías lo fueron a buscar en un evento de periodistas y comunicadores.
El tercero es Juan Carlos Zavala, corresponsal de El Universal. El 10 de agosto publicó que el consejero jurídico no se había pronunciado sobre el asesinato de Leyva ni informado si comparecería ante la FGR. Una semana después, el 17 de agosto, el consejero lo descalificó desde la conferencia oficial del gobierno estatal, en lo que Artículo 19 calificó como discurso estigmatizante. La secuencia lo dice todo: el periodista preguntó por el silencio del funcionario señalado, y el funcionario rompió su silencio para descalificar al periodista. Zavala acudió a la Defensoría.
El cuarto demuestra que el patrón no nació este año. En septiembre de 2022, cuando Salomón Jara era gobernador electo, el columnista Horacio Corro Espinosa le respondió con una videocolumna titulada “¡Te pasaste, Salomón!”. Jara lo había acusado públicamente, junto a la expresidenta municipal de Huajuapan Juanita Cruz, de difamarla y agredirla por el caso de 19 millones de pesos desviados. Corro advirtió que ser marcado como enemigo desde el poder amenazaba la libertad de expresión. Sostuvo, además, que esas palabras equivalían a dar autorización a quienes lo habían amenazado de muerte ese mismo agosto. Cuatro años después, su advertencia sobre un gobierno de “golpeteo a la prensa” suena menos a exageración que a pronóstico.
Cuatro periodistas, cuatro expedientes, los mismos nombres en la cima del poder estatal.
El problema rebasa a cuatro nombres. Según datos proporcionados por organizaciones del gremio, en lo que va de este sexenio la DDHPO ha abierto expediente en al menos 17 casos de agresiones contra periodistas, mediante quejas formales y cuadernos de antecedentes. Los casos van desde intimidación y agresiones físicas durante coberturas públicas, incluida la Guelaguetza, hasta acoso administrativo y judicial. De acuerdo con informes gubernamentales y de la Secretaría de Gobernación, 34 periodistas de Oaxaca están incorporados al Mecanismo federal de Protección, y al menos 11 tienen medidas urgentes por amenazas directas. Los riesgos provienen de autoridades municipales, grupos de poder locales y policías. Pero las víctimas han señalado de forma reiterada la responsabilidad o la omisión de la estructura estatal.
Dos meses exactos después del asesinato de Leyva, mientras su familia denunciaba que la única pista conocida del caso no se había seguido, Palacio de Gobierno organizó una sesión sobre el deber del Estado de proteger a periodistas. Tres días antes, comunicadores y defensores habían escenificado en la carretera Cristóbal Colón la agresión a un colega para obligarlo a dejar de publicar, y la familia de Leyva reclamó que la investigación seguía sin avances.
Dentro del Palacio, el nombre de Leyva no se pronunció, o al menos no llegó a ninguna publicación.
Quienes sí asistieron dejaron constancia en redes, y esas publicaciones son el mejor testimonio de lo que ocurrió en la sala, o de lo que no ocurrió.
Para empezar, no coinciden ni en el nombre de lo que escucharon. La mayoría habla de “Acceso a la Información Pública y Periodismo Libre”. Al menos tres titulares juran haber asistido a “Estándares y obligaciones internacionales para la protección de periodistas”. Otros lo reducen a “sensibilización”. Si no pudieron ponerse de acuerdo en el título, cuesta creer que se hayan puesto de acuerdo en el contenido.
Varias publicaciones arrancan con la misma fórmula ritual: la asistencia fue “como parte de las acciones impulsadas por nuestro Gobernador”. Lo primero que comunica el funcionario no es lo que aprendió, sino a quién le debe el crédito. Se agradece al gobernador por una capacitación a la que el gobernador no asistió, sobre un tema en el que el gobernador está señalado.
Después viene el catálogo de frases intercambiables: “un espacio de aprendizaje y reflexión”, “seguimos aprendiendo para servir mejor”, “la formación continua fortalece nuestro servicio público”, “refrendamos nuestro compromiso”. Hay libros, palomas y manos estrechadas en emoji. Lo que no hay es una sola idea concreta: ni una obligación del Estado, ni un estándar internacional, ni una práctica que alguna dependencia vaya a modificar.
El titular de una corporación policiaca estatal escribió que se siguen “sumando esfuerzos por un espacio libre y seguro para las y los periodistas”. Las cifras de agresiones cometidas por policías, citadas arriba, le contestan mejor que cualquier columna.
Queda la ironía mayor. La actividad estaba dirigida a enlaces de prensa, que con toda probabilidad redactaron esas publicaciones. Salieron de una ponencia sobre periodismo libre a fabricar en serie el boletín de siempre. Y una capacitación sobre acceso a la información terminó con su contenido fuera del alcance público: sin temario, sin presentación, sin conclusiones. Opacidad sobre la transparencia, en su versión más pura. Esta columna la termine de escribir a las 2:10am del 23 de septiembre y no había ningún comunicado oficial de esa capacitación.
Hay que ser justos con lo que merece justicia. Capacitar servidores públicos no es un error. Tras el caso Zavala, fue Artículo 19 quien pidió al gobierno de Oaxaca abstenerse de estigmatizar periodistas e implementar capacitaciones permanentes. Traer a la ONU-DH a Palacio de Gobierno tiene valor, y el ponente no es responsable de que su exposición termine como escenografía.
Pero el diseño del ejercicio lo delata. Los estándares internacionales tienen destinatarios claros, está dirigido a quien descalifica desde el atril de la conferencia oficial, a quien firma oficios dirigidos a la Fiscalía y a quien, desde el poder, marca a un columnista como enemigo. No le habla al director del transporte metropolitano ni a la titular del Instituto de la Juventud. Capacitar a 32 funcionarios ajenos a los señalamientos mientras los tres señalados se quedan fuera no es una política de protección. Es una coartada con lista de asistencia.
En el caso Leyva, los tres verbos están incumplidos. No se previno, pese a la denuncia de 2025. No se protegió, más allá de la disputa sobre quién rechazó qué. Y a dos meses del crimen, no hay detenidos.
Desde esta columna, un reto directo a cada uno de los 32 titulares y sus enlaces. Publiquen en sus redes, con la misma velocidad con que subieron la foto, tres respuestas:
¿Qué obligación concreta del Estado frente a periodistas y personas comunicadoras aprendieron el 22 de septiembre?
¿Qué cambiará en su dependencia para hacer efectivo el acceso a la información y el libre ejercicio periodístico?
¿Cómo podrá la ciudadanía comprobar que lo cumplieron?
Si alguno no sabe por dónde empezar, que escriba el nombre de Alejandro Leyva Aguilar.
A la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos: publique el temario y la presentación. Sería grotesco que la prensa tuviera que presentar una solicitud de acceso a la información para conocer una capacitación sobre acceso a la información.
Y al gobernador, al secretario de Gobierno y al consejero jurídico: el programa se llama “Deber de Garantía del Estado”. Ese deber no se delega en subordinados ni se cumple con la fotografía de otros. La próxima sesión tiene tres sillas reservadas, y la prensa de Oaxaca estará mirando si las ocupan.
Hace cuatro años, un columnista le dijo al gobernador electo que se había pasado. Hace un año, otro periodista dejó dicho a quién responsabilizaba si algo le ocurría, y hace dos meses lo mataron. El martes 22 de septiembre, los señalados no fueron a clase, y ese contraste dice más sobre el programa que cualquier temario de la ONU.
Columna: CON EL BRAZO IZQUIERDO
Por: Froylán Méndez Ferrer
Afiliado al SINMCO
#periodistas #represion #hostigamiento #persecucion #libertad #prensa #riesgo #freedom #journal #press #reporteros #proteccion #FGR #Sheinbaum #ONU #periodismo #CIDH #FEADLE #México #Oaxaca #ParaTi #viral #reto
