La violencia desarraiga a niños y niñas en México; el sistema educativo no los atiende adecuadamente

La violencia desarraiga a niños y niñas en México; el sistema educativo no los atiende adecuadamente

La Universidad Iberoamericana alerta que miles de niños desplazados por la violencia interna enfrentan barreras en el sistema escolar mexicano, que carece de reconocimiento y adaptación para atender sus condiciones especiales.

La Universidad Iberoamericana ha expuesto una problemática crucial que afecta la justicia social y el acceso a la educación en México: la violencia interna genera el desplazamiento forzado de miles de niñas, niños y adolescentes, pero el sistema educativo nacional no reconoce ni adapta sus procesos para atender esta situación. La Mtra. María Esther Padilla Medina, ponente en la Cátedra Sylvia Schmelkes, señaló que el sistema escolar mexicano carece de un reconocimiento oficial de las condiciones particulares de quienes estudian en contextos de desplazamiento forzado. Mientras otros grupos en movilidad cuentan con ciertas garantías, estos menores afectados quedan marginados institucionalmente. El modelo educativo vigente mantiene un diseño rígido, orientado a trayectorias estables y territoriales, lo que dificulta la integración de quienes llegan de manera abrupta y sin preparación previa. Este contexto genera barreras administrativas, curriculares y sociales para las infancias desplazadas. Ante la ausencia de una respuesta estatal integral, organizaciones de la sociedad civil y refugios temporales asumen encargos limitados y con recursos insuficientes, lo que condena a estos menores a condiciones educativas y sociales precarias. La investigadora enfatizó que se requieren reformas estructurales que reconozcan la movilidad como parte de la realidad actual, flexibilicen trámites y acrediten saberes discontinuos, además de brindar acompañamiento socioemocional para abordar el trauma generado por el desarraigo. La invisibilidad institucional ante esta problemática representa no solo una deficiencia educativa, sino también un reto ético y político que demanda acción y compromiso para garantizar la protección y el desarrollo de esta población vulnerable.