Entre las participantes indígenas a diputaciones federales, 77.1 por ciento reportó violencia económica. La representación paritaria contrasta con una brecha de 25.2 puntos porcentuales frente a sus pares no indígenas.
La violencia económica fue reportada por 77.1 por ciento de las candidatas a diputaciones federales que se autoidentificaron como indígenas en un estudio, frente a 51.9 por ciento de las participantes no indígenas del mismo grupo, informó Eleonora Betancur González, representante de ONU Mujeres en México. La diferencia de 25.2 puntos porcentuales coloca una pregunta incómoda frente al discurso de la paridad: ¿de qué sirve abrir candidaturas si las condiciones para competir siguen siendo desiguales?
México cuenta con un Congreso de la Unión paritario y, por primera vez, una mujer ocupa la Presidencia de la República. Son avances que deben reconocerse, pero Betancur advirtió que la presencia de mujeres en los espacios de poder no garantiza que todas puedan competir en las mismas condiciones.
El alcance de las cifras importa tanto como su gravedad. La comparación corresponde únicamente a las candidatas legislativas federales participantes que se identificaron como indígenas o no indígenas; no representa a todas las mujeres indígenas ni a todas las candidatas del país.
El estudio, titulado Mujeres que se postulan, mujeres que narran sus historias, fue desarrollado por el Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género (CEEG). Incluyó entrevistas con personas expertas, grupos focales y una encuesta a 615 candidatas electas y no electas a cargos federales, estatales y municipales del proceso electoral 2023–2024.
Durante el Encuentro Nacional de Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres y la Democracia Paritaria, Betancur cuestionó las condiciones en que las mujeres buscan una candidatura, desarrollan sus campañas y llegan a ejercer un cargo. Sostuvo que sus experiencias no son uniformes y que la paridad es solo una vía hacia la igualdad sustantiva.
En su exposición, la representante no enumeró las prácticas incluidas en la categoría de violencia económica. Sí señaló que la violencia política puede condicionar el acceso a recursos, limitar la autonomía y elevar los costos de construir una trayectoria: una advertencia que exige precisar qué barreras enfrentan las candidatas y cómo se atienden.
El panorama rebasa la desigualdad económica. Según el reporte, 95.9 por ciento de las candidatas al Poder Legislativo encuestadas manifestó haber experimentado al menos una forma de violencia política en razón de género durante sus campañas. También registró agresiones contra mujeres con experiencia previa en cargos públicos o con recursos económicos consolidados.
El desglose general consignó violencia psicológica en 95.1 por ciento de las participantes, violencia sexual y sexualización en 61.4 por ciento y violencia económica en 57.4 por ciento. El reporte describió ataques que desplazaron la discusión de propuestas hacia los cuerpos o la vida personal de las candidatas.
Más del 80 por ciento de las aspirantes reportó agresiones tanto en actividades presenciales de campaña como en plataformas digitales, mientras más de la mitad señaló sesgos o ataques en medios tradicionales. Cerca de la mitad de las candidatas legislativas indicó violencia dentro de su partido; de ese segmento, 6 de cada 10 señalaron a las dirigencias internas como principales responsables de prácticas de exclusión y violencia simbólica.
La respuesta institucional también queda bajo examen: de acuerdo con el reporte, únicamente 18 por ciento de las candidatas afectadas formalizó una denuncia y, entre los casos denunciados, solo 4 por ciento obtuvo una resolución favorable. Ese último dato no permite determinar por sí solo qué ocurrió con cada expediente restante, pero obliga a preguntar qué respuestas recibieron las denunciantes.
El documento señala que la mayoría de las candidatas agredidas recurrió a familiares, amistades o redes de confianza para afrontar el impacto emocional y continuar sus campañas. Durante la recepción del estudio en el Instituto Nacional Electoral (INE), su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que deben garantizarse condiciones reales de seguridad, autonomía y permanencia, no únicamente el acceso a una candidatura.
Pese a ese panorama, 83.6 por ciento de las encuestadas afirmó que volvería a competir por un cargo público. Esa disposición no elimina las agresiones reportadas ni responde la pregunta central que dejan los resultados: ¿cómo convertir la paridad numérica en condiciones efectivas de igualdad y participación libre de violencia?
