INEGI documenta desplazamiento forzado de 34 mil personas en Quintana Roo por violencia

INEGI documenta desplazamiento forzado de 34 mil personas en Quintana Roo por violencia

La Encuesta Intercensal revela que entre 2020 y 2025, más de 11 mil hogares huyeron de la violencia generada por el crimen organizado en diferentes zonas del estado, mientras las autoridades mantienen una postura estática.

La Encuesta Intercensal del INEGI ha registrado por primera vez el fenómeno de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Quintana Roo, identificando que 34 mil 300 personas, equivalentes a 11 mil 800 hogares, abandonaron sus comunidades entre octubre de 2020 y octubre de 2025 debido a la violencia, inseguridad y amenazas del crimen organizado. Este fenómeno afecta tanto zonas rurales como urbanas, incluyendo los principales destinos turísticos y urbanos del estado.

Durante años, este desplazamiento fue registrado bajo términos como “migración laboral” o “cambio de residencia”, lo que ha contribuido a la invisibilización del problema y a la falta de políticas públicas adecuadas. A nivel nacional, el desplazamiento interno por violencia ha aumentado más del 140% en la última década, posicionando a Quintana Roo como un caso representativo de esta problemática.

La dimensión social del desplazamiento implica no sólo la pérdida de viviendas, sino también de empleo, redes familiares y planes de vida. La abogada y defensora Claudia Lozano ha señalado que el Estado mexicano incumple con sus obligaciones constitucionales y de derechos humanos al no ofrecer protección efectiva frente a la violencia del crimen organizado.

Es particularmente grave la situación de mujeres y niños que huyen en solitario, quienes enfrentan violencia de género y desarraigo, sumando vulnerabilidad y exclusión. Además, la llegada masiva de desplazados a nuevas comunidades genera tensiones en servicios públicos y conflictos sociales derivados de la estigmatización.

El desplazamiento forzado en Quintana Roo desmiente las narrativas oficiales que omiten la responsabilidad estatal, poniendo en evidencia la necesidad de políticas públicas transparentes y reconocimiento de esta crisis para proteger efectivamente los derechos humanos en la región.