Desde el ataque armado y desplazamiento forzado en diciembre de 2021, la familia Velasco sigue exigiendo justicia ante la falta de procesos efectivos contra sus agresores y la liberación inexplicada de uno de los señalados.
MÉXICO.- La historia de la familia Velasco comienza con Versaín Velasco García, defensor de derechos humanos tseltal que denunció ante autoridades estatales el impacto del narcotráfico, tráfico de armas y personas en Nueva Palestina, comunidad ubicada en la Selva Lacandona, Ocosingo, Chiapas.
El 15 de diciembre de 2021, durante la lectura de un exhorto estatal a autoridades comunitarias por la detención ilegal de jóvenes, Versaín sufrió un intento de linchamiento del que logró escapar. Ese día, su esposa Antonia Aguilar Solórzano fue privada de la libertad, junto con dos de sus hijos menores, mientras un grupo armado atacó su domicilio, golpeó a la familia, cometió abuso sexual contra una mujer y disparó contra integrantes de la familia. Seis viviendas fueron incendiadas y mujeres y adolescentes permanecieron secuestradas durante siete días.
Isaura Velasco, hija de Versaín, resultó herida de bala. Su yerno, Fredy Gómez Sántiz, fue baleado y desde entonces está desaparecido. En total, 34 personas, incluyendo 22 niñas, niños y adolescentes, fueron desplazadas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó privaciones arbitrarias de la libertad, tortura sexual, tratos crueles e inhumanos, y la desaparición forzada de Fredy Gómez Sántiz.
Tras denunciar los hechos, Versaín fue detenido y acusado de homicidio, cargo que su familia considera fabricado. Isaura Velasco y Antonia Aguilar fueron acusadas de robo con violencia y estuvieron presas durante un año hasta su liberación por falta de pruebas. La familia vive desplazada en San Cristóbal de Las Casas, bajo constante temor.
Martín Martínez Díaz, sindicó municipal electo de Ocosingo en 2024, señalado por la familia como responsable del ataque armado que los desplazó, ha sido vinculado a actividades ilegales como el tráfico y control del transporte en la Selva Lacandona. Martínez fue detenido en mayo de 2025 por portación de armas y otros delitos, y su fuero fue retirado para proceder con investigaciones, incluyendo una relacionada con la familia Velasco.
Sin embargo, en septiembre de 2026, Martínez Díaz fue liberado sin explicación oficial, sin que la familia Velasco haya sido citada a declarar sobre su acusación. Su estatus en el Registro Nacional de Detenciones fue eliminado y autoridades no han informado sobre su situación jurídica, generando reclamos por la falta de atención y transparencia.
La familia ha realizado manifestaciones públicas desde el ataque para exigir justicia y reparación integral. Su comunicación pública denuncia la impunidad persistente y la vulneración de sus derechos a una vida digna y segura, destacando cinco demandas concretas: ejecución de órdenes de aprehensión, evitar la liberación de agresores, reparación integral, garantías de vida digna, y una mesa directa de atención con funcionarios estatales.
Esta situación refleja la compleja interacción entre procesos legales y políticos en Chiapas, donde defensores de derechos humanos enfrentan desplazamiento, encarcelamiento y la impunidad de sus agresores.
Cronología de hechos clave:
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Diciembre 2021: Ataque armado, desplazamiento y desaparición de Fredy Gómez Sántiz.
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Enero 2022: Detención y sentencia de Versaín Velasco por homicidio.
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Febrero 2023: ONU solicita acción urgente por desaparición forzada de Fredy.
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Junio 2024: Martín Martínez Díaz gana sindicatura sin procesos penales en su contra.
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Enero 2025: ONU pide garantías para Versaín Velasco en prisión.
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Mayo 2025: Detención y retiro de fuero a Martínez Díaz por armas y desaparición forzada.
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Abril 2026: Relatora especial de la ONU cita caso de detención arbitraria de Versaín.
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Septiembre 2026: Martínez Díaz liberado sin explicaciones oficiales.
La familia Velasco continúa exigiendo justicia y apoyo estatal ante una grave situación de vulnerabilidad, desplazamiento y violaciones a sus derechos humanos en Chiapas.
