La Secretaría de Seguridad confirmó que el nuevo centro penitenciario contará con infraestructura de alta seguridad y será financiado con recursos federales para atender la crisis en el sistema carcelario sinaloense.
En menos de 48 horas, el Centro Penitenciario El Castillo en Mazatlán registró una ola de violencia que resultó en 12 homicidios, situación que llevó al Gobierno federal a anunciar la construcción de un nuevo complejo penitenciario en Sinaloa. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de su titular Omar García Harfuch, confirmó que la obra, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será financiada con recursos federales y contará con infraestructura de alta seguridad bajo la coordinación directa del Gobierno de México.
Los hechos violentos ocurrieron los días 8 y 9 de octubre, cuando enfrentamientos entre grupos rivales al interior del penal dejaron 12 personas muertas, incluyendo un menor de dos años que estaba en la zona de visitas, así como múltiples heridos. Estos incidentes pusieron en evidencia la falta de control de los custodios sobre la población penitenciaria.
Las primeras líneas de investigación relacionan estos hechos con la disputa entre las organizaciones criminales La Mayiza y La Chapiza, que trasladan su conflicto al interior del centro penitenciario. Ante la emergencia, la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social implementaron un operativo para retomar el control, que incluyó requisas y reforzamiento de la vigilancia.
La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, ofreció los terrenos para la construcción del nuevo penal. Sin embargo, aún están por definirse la inversión, ubicación precisa y fechas de inicio de la obra. La Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades sobre las fallas en la seguridad penitenciaria y el ingreso de armas al reclusorio.
