La dirigencia plantea solicitudes individuales de seguridad rumbo a 2027. En Chichihualco, versiones enfrentadas sobre una agresión al alcalde añaden incertidumbre a un escenario que exige explicaciones.
Tras el asesinato de Arturo Marín Acevedo, aspirante a la coordinación municipal de Morena en Cuajinicuilapa, Guerrero, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, informó el 20 de octubre de 2026 que no se contempla otorgar protección personal automática a todos los aspirantes y candidatos para el proceso electoral de 2027. La respuesta anunciada pasa por solicitudes individuales y evaluaciones de las autoridades: queda abierta la pregunta de cómo se garantizará que esa protección llegue a tiempo.
Durante una conferencia de prensa, Montiel explicó que quienes consideren amenazada su integridad podrán solicitar medidas de protección a través de la Secretaría de Gobernación. Precisó que el mecanismo debe estar disponible para participantes de cualquier partido político, no exclusivamente para Morena.
La dirigente lamentó el homicidio y sostuvo que deben garantizarse condiciones de seguridad rumbo a las elecciones. También pidió esperar los resultados de las investigaciones antes de establecer si el asesinato estuvo relacionado con las aspiraciones políticas de Marín: su participación partidista está documentada en los reportes, pero el móvil del crimen no está esclarecido en la información disponible.
Un registro partidista y un asesinato
Marín Acevedo fue asesinado a balazos el sábado 17 de octubre, alrededor de las 7 de la noche, cuando circulaba en una camioneta por el centro de Cuajinicuilapa, sobre las calles San Nicolás y 2 de Abril. De acuerdo con los reportes de seguridad citados en el material, los agresores alcanzaron su vehículo y dispararon directamente contra él; murió en el lugar.
Su esposa resultó lesionada. Ahora Guerrero reportó, además, que otra persona fue herida y que ambas fueron trasladadas a un hospital con estado de salud reservado; los demás relatos proporcionados sólo mencionan a la esposa como sobreviviente lesionada.
El 9 de octubre, Marín había anunciado en Facebook su registro para participar en el proceso interno de Morena y mostró el documento correspondiente. Los materiales identifican el cargo con distintas denominaciones de coordinación municipal; coinciden en que se trataba de una aspiración interna del partido, no de una candidatura confirmada a la presidencia municipal.
Chichihualco: el desmentido no despeja todas las preguntas
La noche del 20 de octubre, un despliegue de corporaciones de seguridad en Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, siguió a reportes de una presunta agresión contra el alcalde morenista Leonardo Maldonado Zúñiga. Ahora Guerrero, con base en fuentes cercanas al edil, informó que hombres armados lo atacaron cerca de su domicilio y que sus agentes de seguridad repelieron la agresión.
El Gobierno del Estado negó que hubiera ocurrido un atentado contra el presidente municipal. Su versión fue que se trató de un incidente entre policías estatales y civiles armados que viajaban en una camioneta blindada, donde fueron localizadas armas largas, sin personas detenidas ni heridas.
Las autoridades estatales aseguraron que hablaron con Maldonado Zúñiga y que éste confirmó encontrarse sano y salvo en su domicilio; la versión periodística también lo reportó fuera de peligro. Esa coincidencia no resuelve la discrepancia central: ¿qué ocurrió y contra quién se dirigió la agresión reportada?
Habitantes citados en los reportes dijeron haber escuchado detonaciones y explosiones similares a las de granadas, sin que esos testimonios confirmen el uso de tales artefactos. Las calles quedaron vacías y viviendas y negocios cerraron alrededor de las ocho de la noche. Llamar a lo sucedido un incidente no basta para explicar los hechos que provocaron ese temor.
Protección y reglas electorales bajo presión
Los antecedentes incluidos en la información señalan que Hildeberto Salinas Mariche, alcalde de Cuajinicuilapa, y Tarsila Molina, alcaldesa de San Nicolás, ambos del Partido Verde Ecologista de México, solicitaron licencia temporal al inicio de sus administraciones por amenazas atribuidas al crimen organizado. Ese contexto vuelve ineludible preguntar qué criterios y tiempos regirán la evaluación de las solicitudes de seguridad.
En el terreno electoral hay otra definición pendiente: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó lineamientos para que se postule a mujeres a las presidencias municipales de 18 municipios, incluido Cuajinicuilapa. Salinas Mariche impugnó esa determinación en su búsqueda de la reelección, un dato que impide presentar la aspiración interna de Marín como una candidatura municipal ya resuelta.
El material cita un monitoreo de la Universidad Iberoamericana Puebla que registró 38 aspirantes, precandidatos y candidatos asesinados en el proceso electoral pasado, frente a 28 en el anterior. Guerrero acumuló 8 casos; Chiapas, 6, y Michoacán, 4. Frente a esos antecedentes, la exigencia de seguridad necesita respuestas verificables: ¿cómo se identificarán los riesgos y cómo se atenderán antes de otra agresión?
