Familiares reclaman peritos internacionales y protección mientras el CED activa un procedimiento sobre México. La alianza con el EZLN abre otro frente de exigencia ante las omisiones denunciadas.
Familiares de personas desaparecidas llevaron este lunes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una denuncia de negligencia e impunidad del Estado mexicano y exigieron apoyo internacional para buscar, investigar y llegar a sentencias. Representantes de colectivos de Coahuila, Guanajuato, Michoacán y Colima, así como de Honduras, expusieron las tareas que asumen las familias mientras reclaman respuestas institucionales.
Guadalupe Fernández Martínez, de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, recordó que en México hay más de 130 mil personas desaparecidas y sostuvo que cuatro gobiernos de todos los partidos no han logrado frenar la crisis. Denunció que la impunidad llega incluso a impedir que los casos se clasifiquen como desaparición forzada, como señaló que ocurrió con el de su hijo.
El reclamo coincide con la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de abrir un procedimiento sobre México bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El mecanismo busca la intervención de la Asamblea General ante indicios que, según la valoración del Comité, apuntan a desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático y a hechos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad; no se trata de una sentencia judicial.
La presentación del caso mexicano está programada para el 20 de octubre de 2026 ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, en Nueva York, a cargo del experto Juan Pablo Albán. La búsqueda de cooperación internacional ocurre, además, en un contexto de restricciones presupuestarias dentro de la propia ONU: ¿qué recursos podrán traducirse en apoyo efectivo para las familias?
Las buscadoras no pidieron sólo atención: exigieron herramientas y rendición de cuentas. Solicitaron financiamiento, personas expertas independientes y medidas preventivas, además de investigaciones que permitan llegar a sentencias. Describieron un proceso doloroso e incierto en el que deben seguir carpetas de investigación, participar en búsquedas de campo y conocer las diligencias realizadas.
Bibiana Mendoza Negrete, quien busca a su hermano en Guanajuato, señaló que esa entidad encabeza los ataques y asesinatos contra personas buscadoras. Exigió protección con enfoque de género y sostuvo que la mayor seguridad para ellas sería que dejaran de desaparecer personas en México.
El escrutinio también alcanza al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Familias y colectivos agrupados en torno a la Glorieta de personas desaparecidas difundieron una carta dirigida al grupo de especialistas nacionales e internacionales convocado por la Secretaría de Gobernación, tras el anuncio de la dependencia del viernes anterior. Pidieron conocer su mandato, sus objetivos, las condiciones de transparencia y si trabajará en coordinación con las víctimas: preguntas elementales que el anuncio deja abiertas.
En paralelo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y colectivos de búsqueda acordaron una agenda de colaboración. Durante el conversatorio Gira por la Vida, capítulo México: Encuentro con madres buscadoras, celebrado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con participación del capitán Marcos, el EZLN sostuvo que la búsqueda de verdad y justicia no debe recaer exclusivamente en las familias, sino asumirse como responsabilidad nacional y social.
La agenda, prevista entre noviembre de 2026 y enero de 2027, contempla la estancia prolongada de una comitiva zapatista en la Ciudad de México, encuentros con madres y colectivos, diálogos con organizaciones sociales y agrupaciones de la Declaración por la Vida, y una movilización frente a la Secretaría de Gobernación. También incluye una brigada conjunta de localización en diciembre en el Ajusco, zona señalada en los encuentros por riesgos de desaparición y reclutamiento forzado de jóvenes.
Buscadoras de Sonora y Chiapas denunciaron que las autoridades minimizan casos con explicaciones migratorias o laborales. La Colectiva Buscadora de Los Altos y Norte señaló que fiscalías locales limitan denuncias a registros de atención sin abrir carpetas de investigación, además de advertir riesgos para quienes buscan de manera independiente. Frente a esos señalamientos, la pregunta para las instituciones es concreta: ¿cómo garantizarán investigaciones y protección sin seguir trasladando esas cargas a las familias?
