Los homicidios en Morelos y Tijuana exigen esclarecer móviles y responsabilidades. Las denuncias públicas de las víctimas no prueban una conexión con los ataques; las autoridades deben investigarla, no darla por hecha.
México.- Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca, y José Alfredo García Gutiérrez, enlace municipal del Movimiento Independiente del Sombrero en Tijuana, fueron asesinados a tiros en hechos separados cuyos móviles permanecen sin esclarecer. Ambos habían formulado cuestionamientos públicos antes de morir, pero esa circunstancia no acredita que sus denuncias o su activismo hayan motivado los ataques. La exigencia frente a los dos homicidios es esclarecer responsabilidades, no sustituir las investigaciones con discursos.
Rivas Ríos, también luchador social, fue atacado alrededor de las 16:00 horas del miércoles 4 de noviembre de 2026, cuando circulaba en un vehículo azul por Ejidos de Acapantzingo, en Cuernavaca. Sujetos armados que viajaban en motocicleta dispararon contra el funcionario y huyeron.
Horas antes, el regidor había cuestionado el desarrollo inmobiliario Altoverde, proyectado en el predio La Cazahuatera. También había señalado presuntos beneficios otorgados a funcionarios municipales relacionados con autorizaciones de construcción; esas afirmaciones no han sido acreditadas judicialmente.
La cercanía temporal entre esos señalamientos y el asesinato plantea una línea que debe examinarse, no una explicación que pueda darse por probada. ¿Tuvo el ataque relación con sus denuncias, con sus antecedentes de activismo o con algún otro conflicto? Resolverlo exige pruebas, no inferencias.
Diversos reportes periodísticos refieren amenazas previas contra Rivas, aunque su asesor Fernando Bizarro declaró desconocerlas. Esa diferencia también requiere esclarecimiento: los reportes no deben convertirse automáticamente en hechos confirmados ni la declaración del asesor permite descartarlos.
La gobernadora Margarita González Saravia condenó el asesinato y prometió justicia y que no habrá impunidad; la Fiscalía de Morelos abrió una investigación. La promesa deberá contrastarse con avances verificables, detenciones sustentadas en pruebas y responsabilidades acreditadas ante tribunales.
En Tijuana, José Alfredo García Gutiérrez, de 55 años, fue asesinado la noche del domingo 1 de noviembre en las inmediaciones del parque Reforma, delegación Sánchez Taboada. Según sus familiares y el dirigente estatal Leopoldo Sánchez, acudió a auxiliar a un sobrino que presuntamente estaba siendo víctima de extorsión y fue atacado cuando intentó intervenir.
El semanario ZETA documentó que en el lugar fueron localizados tres casquillos calibre nueve milímetros. La presunta extorsión forma parte del relato de familiares y del dirigente, pero no constituye un móvil confirmado del homicidio.
Ese mismo día, García había participado en una manifestación para recordar el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo, fundador del Movimiento del Sombrero y exalcalde de Uruapan. Antes de morir, también había cuestionado públicamente la actuación gubernamental frente a la delincuencia organizada; no está demostrado que el ataque respondiera a su activismo.
El Movimiento del Sombrero reclamó justicia para su compañero. En Baja California corresponde esclarecer la presunta extorsión, identificar a los agresores y establecer si existió alguna motivación adicional, sin convertir ninguna hipótesis en sentencia anticipada.
Los dos casos dejan preguntas concretas: ¿quiénes ejecutaron los ataques, hubo autores intelectuales y qué móviles pueden acreditarse? Las condolencias y las promesas no responden esas preguntas. La medida de la respuesta institucional serán las pruebas y los resultados que las autoridades puedan sostener.
Agencia ANSIC.MX
