El Congreso contrató más 97 millones de pesos para que diputados no paguen casetas de su bolsillo. A los Coatlanes les exigen el pago y amenazan con bloquear la supercarretera por obras pendientes.
Oaxaca.- Habitantes de San Sebastián Coatlán y comunidades vecinas anunciaron un bloqueo total e indefinido de la supercarretera Barranca Larga–Ventanilla si en noviembre no se construye el entronque del paraje El Limar. Su exigencia contrasta con una facilidad presupuestada para la Cámara de Diputados: un contrato de hasta 97 millones 392 mil pesos para cubrir peajes entre 2025 y 2027.
El 22 de octubre, los pobladores colocaron mantas en un puente de la vía para advertir del cierre. Reclaman paso libre para los oaxaqueños, caminos dignos, puentes peatonales para llegar a sus parcelas y tarifas accesibles: demandas concretas que no se resuelven con discursos sobre conectividad.
La inauguración no resolvió los accesos
La autopista se inauguró el 4 de febrero de 2024, después de más de 15 años de obra intermitente y una inversión cercana a los 13 mil millones de pesos. El mensaje oficial presentó la apertura como el cumplimiento de una deuda histórica con Oaxaca y planteó que el cobro recaería en visitantes y transporte de carga, no en los oaxaqueños.
Un día antes, el director del Centro SICT en Oaxaca había reconocido que seguían pendientes los entronques de San Vicente, San Francisco y San Sebastián Coatlán, entre otros. Calculó que estarían listos hacia abril o mayo de 2024; los reclamos actuales obligan a preguntar qué ocurrió con ese plazo y quién debe responder por su incumplimiento.
El cobro comenzó el 31 de enero de 2025. Para las comunidades que aportaron tierras comunales al derecho de vía, la apertura de la carretera no significó que quedaran resueltos los cruces hacia sus parcelas ni los caminos laterales que, según sus reclamos, dañó la maquinaria pesada.
El conflicto tampoco se limita a San Sebastián Coatlán. En marzo de 2026, localidades de Santa María Colotepec y San Francisco Coatlán cerraron la plaza de cobro de Ventanilla durante al menos tres días por caminos laterales sin pavimentar, daños a terrenos comunales y rechazo de cartas de residencia expedidas por sus municipios.
Ese último reclamo cuestiona la operación del programa de residentes: ¿de qué sirve un mecanismo de acceso si las autoridades no reconocen los documentos municipales que presentan sus beneficiarios? Los litigios de linderos entre comunidades añaden dificultad al escenario; en marzo de 2025, esos conflictos dejaron dos muertos.
En San Lázaro, el peaje tiene respaldo presupuestal
La Cámara de Diputados firmó con E&I Movilidad México, operadora de los TAG Easytrip, el contrato LXVI-DGAJ-094/2024 para disponer de 550 dispositivos, 50 más que el número de diputados. El gasto previsto es de 30 millones de pesos en 2025, 32.4 millones en 2026 y casi 35 millones en 2027.
Dividir el techo contractual entre los 500 legisladores arroja 194 mil 784 pesos por diputado para el periodo completo. Se trata de una equivalencia del monto máximo contratado, no de una comprobación del gasto individual.
La Cámara justificó el servicio como apoyo a las labores legislativas y a la atención ciudadana; una versión interna también lo presentó como incentivo para acudir presencialmente a las sesiones. Esa explicación merece escrutinio: ¿con qué criterios se asignan los dispositivos y cómo se acredita que cada traslado corresponde al trabajo legislativo?
La cuenta no cuadra
Los 97.4 millones del contrato de telepeaje equivalen a 0.75% de lo que costó la autopista entera. No hay cifra oficial pública de cuánto cuestan los puentes y el entronque que reclaman en Los Coatlanes. Esa ausencia también es un dato: el Estado sabe exactamente cuánto gastará en las casetas de sus diputados hasta 2027, pero no ha presentado un presupuesto ni un calendario para cumplir lo firmado con las comunidades.
A eso se suma un contexto que la autoridad suele invocar para no actuar: los conflictos agrarios entre las propias comunidades de la región, que en marzo de 2025 dejaron dos muertos. Pero ese argumento corta en ambos sentidos. Si el Estado no ha resuelto ni los linderos ni los accesos, el abandono es doble.
Bloquear para existir
La narrativa oficial suele reducir los bloqueos a un problema de orden público. Pero el patrón es claro: las comunidades bloquean porque es la única vía que produce una respuesta. Firman minutas, esperan, vuelven a firmar y vuelven a esperar. Los diputados, en cambio, resuelven sus fallas de telepeaje con una queja administrativa.
Unos tienen ventanilla. Otros tienen la carretera.
Si en noviembre la supercarretera de la Costa amanece cerrada, la pregunta no será por qué bloquean los pueblos de Los Coatlanes. Será por qué, en un país que puede garantizar casi 200 mil pesos de casetas a cada diputado, no hubo presupuesto para que un indigena cruzara a su comunidad.
Por Froylán Méndez Ferrer / SINMCO / ANSIC
