Siete de los ocho componentes del índice del WJP retrocedieron. Los avances puntuales en igualdad, derechos laborales y trámites administrativos no revierten el deterioro general.
México cayó cuatro posiciones en el Índice de Estado de Derecho 2026 del World Justice Project (WJP) y quedó en el lugar 125 de 143 países, con una puntuación de 0,39 sobre uno. El deterioro alcanzó siete de los ocho componentes evaluados: no se trata de un retroceso aislado, sino de un balance que pone bajo escrutinio la justicia, la seguridad y los límites al poder.
En 2025, el país ocupaba el puesto 121 y tenía una calificación de 0,40; en 2015, su puntuación era de 0,48. El resultado de 2026 también quedó por debajo del promedio global de 0,55 y representa una caída de 8,4% respecto de 2021, de acuerdo con los datos del informe.
La comparación regional tampoco ofrece alivio: México se ubicó en el puesto 28 de 32 países de América Latina y el Caribe. Entre las economías de ingreso mediano-alto quedó en el lugar 43 de 44, únicamente por delante de Irán, frente al puesto 38 de 41 que ocupaba el año anterior.
La justicia penal concentra el golpe más severo. Este componente obtuvo 0,22 puntos y situó a México en el lugar 139 de 143 países, con una caída de 21,2% entre 2021 y 2026. El informe vincula ese deterioro con impunidad, debilidad en la investigación y deficiencias procesales: problemas que cuestionan la capacidad institucional para ofrecer justicia.
Los límites al poder gubernamental recibieron 0,39 puntos y quedaron en el puesto 109 de 143, tras una disminución de 11,6% respecto de 2021. El indicador de gobierno abierto, aunque fue el mejor calificado del país, tampoco escapó al retroceso: obtuvo 0,54 puntos, se ubicó en el lugar 57 de 143 y en el 12 de 32 de la región, pero perdió 9,9% desde 2021.
Que el componente mejor evaluado también retroceda impide confundir una posición relativamente favorable con una mejora. ¿Qué capacidad tienen los mecanismos de supervisión, transparencia y fiscalización para contener el desgaste que registra el índice?
Seguridad y derechos, también bajo presión. En orden y seguridad, México obtuvo 0,50 puntos y ocupó el lugar 132 de 143 países y el 30 de 32 en América Latina y el Caribe. El componente retrocedió 5,7% en el quinquenio y presentó estas calificaciones específicas:
- Control efectivo del crimen: 0,38 puntos.
- Ausencia de violencia para resolver agravios: 0,20 puntos.
- Capacidad para limitar los conflictos civiles: 0,18 puntos.
En derechos fundamentales, el país registró 0,46 puntos, quedó en el puesto 96 de 143 y en el 27 de 32 de la región, con una caída de 6,4% respecto de 2021. Los resultados por subindicador muestran otros frentes del problema:
- Debido proceso y derechos de las personas acusadas: 0,26 puntos.
- Igualdad de trato y ausencia de discriminación: 0,38 puntos.
- Derecho a la vida y la seguridad: 0,37 puntos.
- Libertad de opinión y expresión: 0,46 puntos.
El diagnóstico internacional no exime a México. El WJP sostuvo que el autoritarismo dejó de ser una tendencia emergente y se ha arraigado. Según la organización, más del 86 % de los países registraron un deterioro sostenido durante los últimos cinco años en al menos una salvaguarda frente al autoritarismo, y México figura explícitamente entre los afectados.
La organización señaló una reducción de las libertades necesarias para el espacio cívico, el debate público y la fiscalización gubernamental tanto en México como en la mayoría de las naciones analizadas. En el conjunto de países evaluados, la libertad de opinión y expresión disminuyó en el 64 %; la de reunión y asociación, en el 67 %; y la participación ciudadana, en el 65 %.
El WJP identificó la presión indebida y la interferencia del Poder Ejecutivo como factores centrales del deterioro de la justicia civil y penal a escala internacional. La primera se debilitó en el 64 % de los países y la segunda en el 58 %; además, la capacidad judicial para limitar al gobierno disminuyó en el 63 %, incluido México.
Hay avances que el balance crítico debe reconocer. México mejoró 5,7 % en igualdad de trato y ausencia de discriminación; 2,7 % en la garantía efectiva de los derechos laborales fundamentales; y 3,5 % en la tramitación de procedimientos administrativos sin demoras injustificadas. El WJP también observó mejoras en accesibilidad e igualdad en la justicia civil entre los países analizados, aunque esos avances específicos no revirtieron la caída general mexicana.
El índice recoge cómo se experimenta y percibe el estado de derecho mediante más de 215 000 encuestas a hogares y 3400 encuestas a profesionales del derecho y expertos. Abarca 143 países y jurisdicciones, que representan aproximadamente al 95 % de la población mundial.
El balance deja una pregunta ineludible para el ejercicio del poder público: ¿qué medidas permitirán recuperar los contrapesos y la justicia mientras siete de los ocho componentes siguen retrocediendo? Las mejoras puntuales merecen reconocimiento, pero utilizarlas para minimizar el conjunto supondría esquivar el problema central.
