La dirigencia mantiene las 17 designaciones pese a las inconformidades. Nuevo León y las disputas con PT y PVEM ponen bajo presión su llamado a la disciplina.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, descartó modificar o reponer la selección de las 17 coordinaciones estatales de los Comités de Defensa de la Transformación, consideradas virtuales candidaturas a las gubernaturas de 2027. El cierre ocurre entre acusaciones de opacidad y manipulación formuladas por aspirantes inconformes, fracturas en Nuevo León y amenazas de competencia separada de sus aliados.
La dirigencia exige acatar resultados; los inconformes cuestionan cómo se obtuvieron. Esa es la tensión que el llamado a la disciplina no despeja: ¿qué respuesta recibirán los señalamientos sobre las encuestas, más allá del compromiso firmado por quienes participaron?
En su conferencia semanal del 20 de octubre de 2026, Montiel respondió sobre los nombramientos: “¡Están dadas!”. Recordó que las y los aspirantes aceptaron sujetarse a las reglas y los resultados, y sostuvo que deben cumplir la palabra comprometida ante el pueblo.
Para dialogar con los disidentes, Montiel nombró al senador con licencia Félix Salgado Macedonio como asesor especial. También aseguró que Raúl Morón, segundo lugar en la encuesta de Michoacán detrás de Carlos Torres Piña, le confirmó que permanecerá en el movimiento después de haber amagado con romper: un dato que matiza el escenario de confrontación, aunque no resuelve los demás reclamos.
Nuevo León concentra una de las disputas más abiertas. La designación de Clara Luz Flores como coordinadora estatal provocó expresiones de inconformidad de perfiles como Tatiana Clouthier, quien también cuestionó la conformación de estructuras territoriales y la inclusión de Karina Barrón en Monterrey. La información disponible no detalla los señalamientos contra esta última.
Montiel programó para el 23 de octubre una visita a Nuevo León para reunirse con operadores territoriales, alcaldes y diputados que permanecen en el partido, ante el riesgo de salidas hacia otras fuerzas políticas. La dirigencia mantiene la designación de Clara Luz Flores, ganadora de la encuesta interna: la visita busca contener el conflicto, no reabrir la selección.
La alianza nacional tampoco borra las disputas estatales. Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han reiterado su intención de competir juntos por la Cámara de Diputados para respaldar el presupuesto y las reformas de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. En las entidades, sin embargo, sus diferencias incluyen acusaciones de marginación y falta de transparencia.
- En Baja California Sur, Morena impulsa a Manuel Alejandro Cota Cárdenas, hijo de Leonel Cota, mientras el PT respalda a Christian Agúndez Gómez, hijo de Narciso Agúndez.
- En Colima, el senador Virgilio Mendoza renunció a la dirigencia estatal del PVEM tras rechazar la designación de Rosa María Bayardo por Morena.
- En Zacatecas, la senadora Geovanna Bañuelos y la cúpula petista amagan con competir por separado ante su inconformidad con la selección de Verónica Díaz Robles.
- En San Luis Potosí y Michoacán, el PT evalúa candidaturas propias ante la negativa de Morena de ceder espacios prioritarios.
El material de origen recoge interpretaciones de analistas y columnas de Etcétera que consideran estas confrontaciones una posible estrategia de simulación y control de daños. Esa lectura no acredita una operación concertada: queda abierta la pregunta de si las rupturas parciales responderían a un cálculo electoral o terminarían fragmentando el voto del bloque.
Las designaciones no son el único frente incómodo. La información proporcionada también cita reportes periodísticos y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), difundidos a mediados de octubre de 2026, sobre presuntas irregularidades en Liconsa en Chihuahua. Esos reportes señalan a Gregorio Chávez, hermano de la senadora Andrea Chávez y exgerente estatal de la institución, como administrador de los contratos observados.
Según esa información, Liconsa pagó 1,106 millones 131 mil 200 pesos a 750 personas registradas como pequeños y medianos productores de leche, sin evidencia documental de recepción del producto: boletas de comprobación, registros de báscula o dictámenes de laboratorio. También se reportaron pagos a personas que figuraban como fallecidas; no obstante, el material recibido no incluye los documentos originales de la auditoría ni la respuesta de Gregorio Chávez, por lo que estos señalamientos no permiten establecer responsabilidades individuales.
La exigencia de disciplina enfrenta así una prueba que no se resuelve con dar por cerrados los nombramientos. ¿Cómo responderá Morena a los cuestionamientos sobre sus procesos internos, las demandas de sus aliados y los señalamientos sobre recursos públicos sin reducir toda inconformidad a un problema de unidad?
