Máynez reivindica el diálogo tras la protesta priista en San Lázaro, mientras el gobierno emecista de Jalisco enfrenta señalamientos por la actuación policial y presión para resolver la crisis hídrica.
La crisis hídrica de Jalisco terminó convertida en una confrontación partidista en San Lázaro: el 20 de octubre de 2026, legisladores del PRI protestaron en las oficinas de Movimiento Ciudadano y el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla arrojó agua sucia contra el logotipo del partido. Jorge Álvarez Máynez acusó al tricolor de aprovechar el problema, mientras el gobierno emecista de Pablo Lemus Navarro enfrenta reclamos por la calidad del agua y señalamientos de presunta represión policial.
El dirigente nacional de MC sostuvo que el PRI y su líder, Alejandro Moreno, hacen “una política de porros”. Frente a esa actuación, aseguró que su partido mantendrá el diálogo, la autocrítica y la construcción de propuestas técnicas para atender la falta de agua de calidad.
La defensa del diálogo deja una pregunta incómoda para MC: ¿cómo se concilia ese discurso con los señalamientos sobre la actuación policial contra quienes salieron a exigir agua limpia? El espectáculo priista tampoco responde cómo resolver el problema que sus legisladores dicen denunciar.
Durante la protesta en la Cámara de Diputados, Gutiérrez Mancilla justificó el lanzamiento de agua sucia como una acción en defensa de la población jalisciense. En los videos difundidos en redes sociales se le escucha decir: “Es por el pueblo de Jalisco… Hay que alzar la voz y detrás de esos cobardes se esconden”.
Álvarez Máynez reprochó que la acción obligara al personal de limpieza a recoger el desorden y acusó al PRI de buscar beneficios electorales con una necesidad ciudadana. Su crítica al acto, sin embargo, deja pendiente la discusión sobre las respuestas del gobierno de su propio partido ante la crisis.
El conflicto tiene como trasfondo el desabastecimiento de agua limpia y la deficiente calidad del servicio en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El 11 de octubre de 2026, una marcha en Guadalajara derivó en señalamientos de represión policial, detenciones arbitrarias y presuntos abusos de los cuerpos de seguridad estatal.
La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, acusó al gobierno estatal de privilegiar la búsqueda de culpables y el resguardo de propiedades oficiales sobre la atención del problema. También exigió la separación del cargo del secretario de Seguridad Pública de Jalisco por la actuación policial durante aquella protesta.
El gobierno de Jalisco sí anunció una medida: Lemus convocó a una mesa de trabajo con más de 80 especialistas en materia hídrica para delinear soluciones a corto, mediano y largo plazo. Esa convocatoria debe formar parte del balance, pero abre otra pregunta: ¿qué propuestas se traducirán en un abasto constante y limpio, y en qué plazos?
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condicionó una reunión formal con Lemus a la presentación de un proyecto hídrico integral. Planteó que debe incluir viabilidad técnica, costos claros y un esquema de financiamiento que descarte la privatización del recurso antes de comprometer fondos o mesas de trabajo federales definitivas.
Gutiérrez Mancilla también protagonizó un altercado con el legislador de Morena Arturo Ávila en el Senado de la República el 12 de agosto de 2026. Aquel episodio incluyó empujones, insultos mutuos y conatos de agresión física por disputas relacionadas con críticas a la dirigencia priista.
Entre el agua arrojada por el PRI y la reivindicación del diálogo de MC, quedan pendientes respuestas sobre el servicio y la actuación policial. ¿Qué resultados concretos ofrecerá la mesa de especialistas y cómo se esclarecerán los señalamientos de abusos? La confrontación partidista no sustituye esas explicaciones.
