La defensa oficial de la estrategia de búsqueda contrastó con el retiro de víctimas que mostraban fotografías. El CED cuestionó el desalojo y pidió evitar que los cálculos políticos diluyan la respuesta.
Familiares de personas desaparecidas fueron retirados por personal de seguridad de Naciones Unidas de la sala donde el gobierno mexicano rechazaba un mecanismo de asistencia internacional para enfrentar la crisis de desapariciones. Según la información proporcionada, habían mostrado fotografías de sus seres queridos durante la intervención del subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, ante la 21ª Sesión Plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General.
Los familiares, ubicados en la parte posterior del recinto, se levantaron con los carteles en una protesta silenciosa. El reporte señala que seguridad los condujo a una sala más pequeña, donde permanecieron retenidos hasta que concluyó la sesión; no precisa quién ordenó esa medida ni su fundamento. La discusión sobre cómo responder a las víctimas continuó sin ellas en la sala.
El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Juan Pablo Albán Alencastro, cuestionó públicamente lo ocurrido. En su cuenta de X escribió: “Fue profundamente lamentable que un grupo de víctimas fuera retirado de la sala por mostrar fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Su presencia merecía respeto y escucha, y debería recordarnos a quiénes debemos servir con nuestro trabajo.”
Familiares y representantes de organizaciones presentes solicitaron difundir un posicionamiento que confirmó la protesta silenciosa y la petición de que las personas involucradas abandonaran el recinto. Indicaron que daban seguimiento a lo sucedido por los canales correspondientes y que, por el momento, no harían más comentarios.
El choque diplomático gira alrededor del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. De acuerdo con el reporte, el CED recurrió por primera vez a ese mecanismo excepcional y remitió el caso de México a la Asamblea General, al considerar que existen bases bien fundadas para sostener que se han cometido desapariciones forzadas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y que la práctica persiste.
El señalamiento del comité tiene un matiz que no debe borrarse: Albán Alencastro aclaró que la medida no declara la responsabilidad internacional directa de la administración federal actual y que no encontró indicios de una política de Estado deliberadamente orientada a cometer ese delito. El organismo sí advirtió sobre la influencia del crimen organizado y la participación y colusión de autoridades locales, principalmente municipales.
El CED sostuvo que México necesita cooperación urgente en búsqueda, investigación y materia forense, ante lo que considera la incapacidad de los mecanismos internos tradicionales para contener la crisis y abatir la impunidad. El gobierno rechazó la interpretación y el alcance del procedimiento, cuya propuesta, según el material, el comité impulsa desde abril, y argumentó que no se valoran adecuadamente las acciones nacionales.
La delegación mexicana defendió una estrategia propia y soberana e informó de más de 16,000 localizaciones durante 2026, dentro de un universo de más de 130,000 registros históricos. Son avances reportados por el Estado que deben consignarse, pero dejan abierta una pregunta: ¿por qué esos resultados justificarían rechazar una asistencia que el comité considera urgente? El material no aporta un desglose que permita evaluar el alcance de las localizaciones citadas.
Según el reporte, la administración federal también realizó labores diplomáticas para matizar las conclusiones y evitar lo que consideraba una estigmatización o intervención indebida. Los colectivos, por su parte, acusaron al gobierno de manipular o reinterpretar las cifras para minimizar la crisis; esa acusación no queda acreditada con la información disponible.
Albán Alencastro pidió que el procedimiento no se diluya entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas. Entre el rechazo oficial y el desalojo ejecutado por seguridad de la ONU, quedan dos exigencias pendientes de respuesta: explicar por qué se retiró a quienes mostraban los rostros de sus familiares y precisar cómo se traducirá la discusión internacional en resultados concretos de búsqueda, verdad y justicia.
