El IVM reconoce que falta revisar recursos para la prevención y atención. El balance enfrenta una pregunta incómoda: ¿cómo garantizar servicios para todas las mujeres si el presupuesto sigue pendiente?
A casi 10 años de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por violencia feminicida en Veracruz, la revisión de los presupuestos para prevención y atención continúa entre los pendientes, reconoció Zaira del Toro, titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM). El reconocimiento deja abierta una exigencia elemental: ¿qué recursos y decisiones permitirán que los servicios lleguen a las mujeres de todo el estado?
La funcionaria explicó que, semanas atrás, la Secretaría de las Mujeres convocó a representantes de las entidades para revisar el cumplimiento de las medidas derivadas de las alertas, identificar pendientes y evaluar las metas alcanzadas después de una década. De ese encuentro surgió la necesidad de analizar los presupuestos destinados a las acciones.
“Yo creo que hacer el análisis de los presupuestos, que, sin duda, pues siempre van a ser necesarios para poder implementar acciones que lleguen a todas las mujeres de todo el territorio del estado de Veracruz”, señaló. Del Toro precisó que las responsabilidades no recaen únicamente en el IVM, sino también en dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que la evaluación debe considerar el trabajo coordinado.
Una alerta que exige más que balances
La Secretaría de Gobernación, por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), emitió la primera alerta por violencia feminicida en Veracruz el 23 de noviembre de 2016. La declaratoria comprendió Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
Entre sus medidas figuraban reforzar la vigilancia y los patrullajes preventivos, agilizar las órdenes de protección y mejorar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas. Frente a esas obligaciones concretas, el reconocimiento presupuestal obliga a preguntar: ¿qué medidas se han cumplido, cuáles siguen pendientes y cómo se evaluará su alcance territorial?
El mecanismo nacional, bajo cuestionamiento
Las organizaciones del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), encabezado por María de la Luz Estrada Mendoza, han recurrido a amparos contra el Ejecutivo federal por la falta de un reglamento adecuado a las reformas legales de 2022. De acuerdo con su señalamiento, ese marco debía emitirse desde octubre de 2022 y su ausencia ha dejado declaratorias e informes semestrales de evaluación paralizados o sujetos a discrecionalidad.
El panorama descrito por organizaciones, activistas e investigadoras rebasa a Veracruz. Datos de la Consejería Jurídica citados en el reporte estiman un promedio de 12 mujeres asesinadas al día en México; esa cifra corresponde a asesinatos de mujeres y no debe confundirse con un registro exclusivo de feminicidios.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó, al cierre de septiembre, 27,500 mujeres desaparecidas y no localizadas, dentro de un total nacional superior a las 131 mil personas. Las organizaciones también cuestionan la clasificación de muertes violentas en las fiscalías: denuncian que casos de feminicidio llegan a registrarse como suicidios u homicidios culposos, pese a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivados de casos como el de Mariana Lima Buendía.
Pedir ayuda tampoco garantiza protección
La Red Nacional de Refugios (RNR), dirigida por Wendy Figueroa Morales, denomina “traición institucional” a las respuestas que revictimizan a quienes buscan protección. Según la organización, alrededor del 40% de las mujeres que ingresan a sus refugios había solicitado antes ayuda a instituciones del Estado y enfrentado descrédito, intentos de conciliación forzada, desincentivos para denunciar o nuevas agresiones.
Según la ENDIREH, solo el 8.3% de las mujeres que experimentan violencia presenta una denuncia formal. Por otra parte, de los casos de feminicidio consumado o en grado de tentativa contemplados en los censos de procuración de justicia citados en el reporte, apenas un 15% llega a una acusación formal ante tribunales.
El material también reconoce una ampliación de la infraestructura institucional, incluida la creación de la Secretaría de las Mujeres y de centros de atención integral. Las expertas advierten, sin embargo, que una línea telefónica o un centro local no sustituyen a un refugio, una fiscalía capacitada o una orden de protección expedita y funcional.
Más recursos globales no equivalen a más atención específica
El análisis de Janet Oropeza y Matilde Pérez, investigadoras de Fundar, cuestiona la distribución del Anexo 13 en el proyecto presupuestario para 2027. Aunque el monto global muestra incrementos, cerca del 60% se concentra en programas universales de la Secretaría de Bienestar, mientras la Secretaría de las Mujeres representa apenas el 0.3% del total del anexo.
Las investigadoras reportan las siguientes reducciones proyectadas, que no deben confundirse con recortes ya ejercidos:
- Secretaría de las Mujeres: disminución del 23% respecto de 2026, de 2,220 millones a 1,693 millones de pesos.
- Prevención y Detección de Violencias Feminicidas: reducción del 11.8%, de 891.1 millones a 786.4 millones de pesos.
- Refugios para mujeres víctimas: asignación prevista de 518.4 millones de pesos, con una reducción real del 3% frente a la inflación y al ejercicio previo.
- Centros de Justicia para Mujeres y AVGM: recortes estimados del 3% en sus respectivos techos presupuestarios.
La revisión convocada por la Secretaría de las Mujeres y el reconocimiento del IVM colocan el presupuesto en la discusión, pero no despejan el problema. ¿Cómo se traducirá ese balance en recursos, responsabilidades verificables y protección efectiva, especialmente frente a las reducciones proyectadas para 2027?
