– Este incidente es un reflejo de un patrón sistemático de violencia contra las mujeres indígenas en Oaxaca
MÉXICO. – En San Miguel Quetzaltepec, Oaxaca, la lucha por los derechos agrarios de las mujeres indígenas se enfrenta a un muro de represión y violencia. El pasado 6 de septiembre, a 24 horas de conmemorarse Día Internacional de las Mujeres Indígenas, Felipa Vásquez Ramírez, Lidia Vásquez Morales y el hijo menor de esta última, de apenas 2 años, fueron privados de su libertad con lujo de violencia por órdenes del síndico municipal Joel Peralta y el alcalde único constitucional del municipio mixe. Este acto no solo es un atropello a su dignidad, sino una clara señal de cómo las estructuras patriarcales y las autoridades locales conspiran para silenciar a las mujeres que alzan la voz por la justicia.
Felipa Vásquez, una mujer mixe de aproximadamente 35 años, acudió a la Procuraduría Agraria para denunciar el despojo de un terreno heredado de su padre en la zona de Piedra Colorada, arrebatado por sus hermanos con la aparente complicidad de las autoridades agrarias locales. Lidia Vásquez, por su parte, fungió como intérprete en lengua ayuuk durante la diligencia, un acto de solidaridad que le costó su libertad. La detención arbitraria de ambas, junto con el menor, es un intento descarado de intimidarlas para que renuncien a sus derechos agrarios, violando no solo sus derechos humanos, sino también la autonomía indígena y la libertad de expresión consagradas en tratados como el Convenio 169 de la OIT.
Este incidente no es un hecho aislado, sino un reflejo de un patrón sistemático de violencia contra las mujeres indígenas en Oaxaca. En un estado donde el 65% de la población es indígena, las mujeres enfrentan una triple discriminación: por su género, su etnia y su condición socioeconómica. Los conflictos agrarios, como el que vive Felipa, suelen ser el escenario donde se cruzan el machismo estructural y la impunidad. Las mujeres que desafían estas dinámicas son castigadas con agresiones físicas, detenciones arbitrarias o incluso la exclusión de los espacios de toma de decisiones en sus comunidades, perpetuando un ciclo de opresión que las autoridades estatales y federales han fallado en detener.
La detención violenta de Felipa y Lidia, que incluyó lesiones físicas y la retención de un menor de edad por más de 12 horas, es una afrenta no solo a ellas, sino a todas las mujeres indígenas que luchan por sus derechos. Organizaciones como ASER-LITIGIO han exigido la liberación inmediata de las víctimas y la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido tibia, dejando en evidencia la falta de voluntad política para proteger a las defensoras indígenas y garantizar justicia en un estado con alertas de violencia de género activas desde 2017.
Es inaceptable que, en 2025, las mujeres mixes sigan enfrentando represión por exigir lo que les pertenece por derecho. La criminalización de su lucha agraria no solo vulnera sus derechos individuales, sino que atenta contra la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho a preservar sus tierras y cultura. San Miguel Quetzaltepec se ha convertido en un símbolo de resistencia, pero también de la impunidad que permite que las autoridades locales actúen con mano dura contra quienes desafían el statu quo. La comunidad internacional, incluyendo organismos como la ONU y la CIDH, debe presionar al gobierno mexicano para que actúe con firmeza ante estas violaciones.
La lucha de Felipa y Lidia es la de muchas mujeres indígenas en México, una batalla contra el despojo, la violencia y el silencio impuesto. Como sociedad, debemos exigir que las autoridades de San Miguel Quetzaltepec liberen a las detenidas, investiguen las agresiones y garanticen que las mujeres puedan defender sus derechos sin temor a represalias. Oaxaca no puede seguir siendo un lugar donde la justicia es un privilegio reservado para unos pocos. Es hora de que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger a las mujeres indígenas y de reconocer su papel como pilares de sus comunidades y guardianas de su legado ancestral.
Por: Sagrario Martínez Sánchez / luciasagrariomtz@gmail.com
Afiliada al Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO)