MÉXICO. – La tarde del miércoles, Matamoros volvió a ser rehén del crimen organizado. Balaceras, retenes improvisados, calles desiertas, escuelas cerradas y comercios bajando las cortinas, la vida paralizada por un cártel que actúa como poder de facto. La funcionaria Nancy Galarza Coello, jefa de Protección Civil, y sus dos hijos fueron acribillados en plena calle. El mensaje fue claro: nadie está a salvo, ni siquiera quienes representan la institucionalidad municipal.
Lo más grave no es solo el ataque, sino la ausencia. Las Fuerzas Armadas mexicanas, esas mismas que ocupan puertos, aeropuertos y hasta distribuyen medicinas, no aparecieron para contener el terror. Fueron policías estatales quienes enfrentaron a los sicarios del Cártel del Golfo, con saldo de agentes gravemente heridos. ¿Dónde estaba la tan anunciada “estrategia de seguridad” que presume el gobierno federal? ¿Dónde la supuesta coordinación entre niveles de gobierno?
La postal de Matamoros es la de un país donde la militarización convive con la indefensión. No se trata de un hecho aislado: los cárteles imponen retenes, cierran ciudades enteras, suspenden clases y paralizan puentes internacionales mientras la narrativa oficial insiste en que “vamos bien”. La omisión del Ejército en un ataque directo contra una servidora pública y su familia es, además de inadmisible, un acto de complicidad por omisión.
Las redes sociales estallaron esa noche: vecinos denunciaron en vivo cómo las balas atravesaban sus calles, mientras clamaban por ayuda. Videos mostraban a familias tiradas en el piso, niños llorando en medio de ráfagas y ciudadanos aterrados buscando refugio. El hashtag #MatamorosEnLlamas se volvió tendencia, pero al gobierno pareció importarle menos el clamor digital que el control de daños mediático.
Los expertos en seguridad no se sorprenden: advierten que, mientras los cárteles se adaptan, el Estado responde con inercias burocráticas. Y recuerdan un dato incómodo: el Cártel del Golfo fue catalogado por la administración Trump como organización terrorista. ¿Qué ha hecho México desde entonces? Poco más que administrarle la violencia, mientras la población civil se convierte en carne de cañón y en rehén de los caprichos criminales.
El ataque contra Galarza Coello, la primera mujer en dirigir Protección Civil en Matamoros, también desnuda otra dimensión: la violencia de género en clave criminal. No es casualidad que el blanco haya sido una mujer que ocupa un cargo históricamente masculino. Es un mensaje de dominación y de advertencia a toda funcionaria que pretenda desafiar los pactos de impunidad locales.
El Estado mexicano no puede seguir escondiéndose detrás de conferencias matutinas y cifras maquilladas. La realidad es que los cárteles gobiernan territorios, imponen sus reglas y deciden quién vive y quién muere. Y mientras la ciudadanía se esconde bajo las mesas, el poder político sigue negociando narrativas en vez de enfrentar la guerra que se libra en las calles.
Matamoros no fue un episodio aislado, fue un recordatorio brutal de que la soberanía está secuestrada. Y que la verdadera pregunta no es cuándo responderá el Estado, sino si aún le queda capacidad y voluntad de hacerlo.
Redacción Libertad y Expresión
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