– Mientras a Nino Morales el SAT le otorgó 41 condonaciones por más de 12 millones de pesos en un solo día porque “no contaba con bienes susceptibles de embargo”, su fundación despliega millones de recursos para giras, entregas y visibilidad del senador.
Antonino Morales Toledo no llegó al Senado por una trayectoria legislativa brillante ni por una obra pública que transformara el Istmo. Llegó como operador local. Fue presidente municipal de San Blas Atempa siendo muy joven, después secretario de Administración en el gobierno estatal, y de ahí saltó a senador de la República por Morena.
El método no fue el mérito parlamentario. Fue el control territorial, la organización propia y la colocación de gente de confianza en posiciones de poder.
Fundó el Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas (FUCO), que opera en municipios del Istmo y hoy se presenta con presencia estatal. Esa estructura le permitió consolidar base local y colocar operadores.
José Antonio López Ríos, dirigente del FUCO en Tehuantepec, fue detenido en agosto de 2024 con 500 mil pesos en efectivo, bidones de gasolina y una pistola “matapolicías”. Fue liberado horas después. Veinte días más tarde apareció en una fotografía con Morales en el Senado.
Hoy figura como asesor en la Secretaría de Administración del gobierno estatal, con sueldo en la nómina. El amiguismo no es un accidente: es el mecanismo por el cual un detenido con dinero en efectivo, combustible de dudosa procedencia y un arma de guerra corta sigue operando cerca del senador y dentro del aparato estatal.
Defensores del territorio en Puente Madera y organizaciones ambientales han señalado a Morales como uno de los principales actores en la imposición del Polo de Desarrollo de San Blas Atempa dentro del Corredor Interoceánico.
Denuncian criminalización, órdenes de aprehensión y presión contra comuneros que se oponen a la ocupación de tierras. FUCO ha emitido comunicados deslindándose de cobros indebidos por apoyos, pero el patrón de operadores cercanos detenidos y reubicados, junto con las acusaciones de control territorial en el litoral, no desaparece con un boletín.
A la par, Morales y su esposa Silvia Santos impulsaron la Fundación Nino (fundacionnino.org.mx y su página en Facebook). Él la presenta como un instrumento para “aportar ese granito de arena” a las comunidades, y ella figura como presidenta.
La fundación entrega apoyos, recorre comunidades y es utilizada por políticos y diputados locales de Oaxaca para llevar programas a sus territorios.
No hay transparencia pública verificable sobre el origen del financiamiento.
Mientras Morales argumentó ante el SAT en 2019 que “no contaba con bienes susceptibles de embargo” para obtener 41 condonaciones por más de 12 millones de pesos en un solo día, la fundación despliega recursos para giras, entregas y visibilidad.
En el Istmo circulan versiones de proliferación de gasolineras vinculadas a su entorno y de apropiación de tierras del Corredor vía prestanombres.
La hipótesis que queda sobre la mesa es directa: el financiamiento de la fundación y de la estructura de FUCO puede tener procedencia ilícita ligada al huachicol. No es una afirmación judicializada. Es la pregunta que no ha sido respondida con documentación clara de origen lícito.
En el Senado, los vínculos políticos son de adhesión y de plataforma.
Morales preside la comisión del Corredor Interoceánico, acompaña giras oficiales, respalda iniciativas de otros y se presenta como el senador del territorio.
Su huella legislativa propia es casi nula: boletines, giras, puntos de acuerdo y adhesiones. No hay un expediente sólido de leyes de fondo que lleven su sello.
El cargo funciona como escudo y como amplificador de la estructura local.
Mientras en el Istmo se le señala por control territorial, operadores detenidos, tierras y fortuna inexplicable con sueldos oficiales, en la Cámara Alta su registro es el de un senador de recorridos y adhesiones.
La difusión se multiplica a través de un centenar de medios digitales que replican sus actividades y las de la fundación. El amiguismo se completa con la máquina de propaganda.
Cinco entregas después el patrón es el mismo y más nítido.
Un operador local que llegó al Senado con una estructura propia.
Un secretario particular detenido con medio millón de pesos, bidones de gasolina y una pistola que sigue en la órbita del poder.
Cuarenta y una condonaciones fiscales en un solo día mientras se alegaba no tener bienes.
Pruebas excluidas en un crimen de Estado.
Una última columna de un periodista asesinado dos días después que describió tierras secuestradas con armas largas y drones prohibidos en Astata.
Una fundación presidida por su esposa que reparte apoyos sin explicar el origen del dinero, usada por políticos locales y difundida por decenas de medios.
Y una huella legislativa que se reduce a boletines, giras y adhesiones.
Morales niega todo y señala persecución política. El expediente no se cierra con el cargo. Se eleva.
En el Istmo, el control territorial, el huachicol, las tierras y el dinero sin origen claro no se disuelven con un escaño en el Senado. Se institucionalizan.
La última pregunta que queda abierta no es si hubo “malentendidos”. Es cuánto tiempo más puede sostenerse un senador cuyo único pecado, según él, es no arrodillarse, mientras el rastro de operadores, condonaciones, pruebas excluidas, periodistas asesinados y una fundación sin transparencia sigue sin respuesta institucional.
El Istmo ya conoce la respuesta. El Senado todavía no la exige.
Columna: CON EL BRAZO IZQUIERDO
Serie: NINO MORALES
Por: Froylán Méndez Ferrer
sinmco.org / ansic.mx
Nota editorial: Este espacio reconoce el derecho de réplica del senador Antonino Morales Toledo y de personas aquí mencionadas conforme al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Reglamentaria en materia de Derecho de Réplica. Cualquier aclaración, rectificación o postura que desee formular sobre los hechos aquí expuestos será publicada íntegramente y con la misma relevancia que este texto. Puede enviarla a: froylanmf@gmail.com
