Para 2026 se asignaron 260 millones de pesos a las alertas. Los señalamientos de subejercicios y los vacíos de evaluación exigen fiscalización, aunque no existe una resolución que acredite desvíos.
México.- Once municipios del Estado de México continúan bajo alerta de violencia de género, mientras el Congreso mexiquense pidió auditar el cumplimiento y desempeño de los recursos destinados a estos mecanismos. Los señalamientos de presuntos subejercicios y la falta de criterios suficientes para evaluar avances colocan una exigencia frente a las autoridades: demostrar qué resultados obtiene el dinero público destinado a proteger a mujeres y niñas.
Para 2026 se asignaron 260 millones de pesos a la atención de las alertas: 210 millones corresponden directamente a los once municipios y 50 millones a la Secretaría de las Mujeres estatal. La asignación presupuestal, por sí sola, no acredita eficacia. ¿Cuánto recibió cada ayuntamiento, cuánto ejerció y qué resultados puede comprobar?
El 29 de octubre, el Congreso mexiquense aprobó un exhorto para que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realice auditorías de cumplimiento y desempeño. Sandra Patricia Santos Rodríguez, de Morena, impulsó la propuesta, respaldada por Ana Yurixi Leyva Piñón, del PT, ante señalamientos de subejercicios en algunas demarcaciones y la ausencia de criterios suficientes para evaluar sus avances.
No existe una resolución de fiscalización que permita afirmar que los recursos fueron desviados. Ese límite impide convertir las sospechas en una sentencia, pero no elimina la necesidad de investigar el ejercicio del presupuesto y contrastar las acciones reportadas con sus resultados.
Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco siguen sujetos a medidas extraordinarias frente a la violencia feminicida. Siete de ellos también cuentan con alerta por desaparición; la primera declaratoria data de 2015 y la segunda de 2019.
La permanencia de las alertas abre una pregunta que los anuncios de programas no responden: ¿qué medidas han funcionado y qué deficiencias siguen sin resolverse? No demuestra por sí sola negligencia de los actuales alcaldes, pero obliga a examinar las decisiones y resultados tanto de los gobiernos municipales como de la administración de Delfina Gómez.
El propio Congreso reconoció que los feminicidios registrados en la entidad disminuyeron de 156 en 2020 a 55 en 2025. Entre enero y septiembre de 2026 se contabilizaron 38; las legisladoras advirtieron que la reducción no basta para atribuir los avances al presupuesto de las alertas.
La disminución debe reconocerse, sin presentarla como respuesta automática a los problemas de desaparición, atención a víctimas y prevención de otras violencias. La rendición de cuentas exige algo más que exhibir presupuestos y cifras: ¿qué evidencia permite vincular los recursos ejercidos con una protección efectiva para mujeres y niñas?
Agencia ANSIC.MX
