ARTICLE 19 reclama investigaciones y protección en Aguascalientes y Veracruz. La atención inicial y la ausencia de indicios de robo no resuelven las amenazas ni las dudas.
México.- El periodista Mario Macías Zúñiga enfrenta amenazas que alcanzaron a sus familiares en Aguascalientes, mientras que en Veracruz la periodista Quetzalli Vázquez Hernández denunció un episodio que sospecha pudo ser intimidatorio. ARTICLE 19 exigió investigar ambos casos y proteger a los comunicadores. La exigencia coloca una pregunta incómoda ante las autoridades: ¿qué medidas impedirán que los riesgos escalen?
Macías Zúñiga, de Palestra Aguascalientes, sufrió hostigamiento digital después de cubrir, el 15 de agosto, la Misa del Presbiterio de la Diócesis de Aguascalientes, de acuerdo con la alerta de ARTICLE 19 emitida el 4 de noviembre. Durante la cobertura, un representante de la Catedral Basílica le pidió retirarse; el episodio quedó grabado y, según la organización, una página de Facebook identificada como Y que viva Cristo Rey lo difundió de manera descontextualizada. A esa publicación siguieron descalificaciones, mensajes intimidatorios y amenazas contra el periodista y sus familiares.
ARTICLE 19 reconoció la atención inicial de las autoridades, pero pidió a la Fiscalía investigar las denuncias y al Congreso estatal avanzar en un mecanismo de protección eficaz. Ese reconocimiento no cancela la exigencia de esclarecer responsabilidades: ¿quiénes emitieron las amenazas y cómo se garantizará la seguridad del comunicador y su familia? Una discrepancia sobre una cobertura religiosa no justifica la intimidación ni convierte la libertad de prensa y la libertad religiosa en derechos enfrentados.
En Veracruz, Quetzalli Vázquez Hernández, de QUE Noticias, encontró abierto el portón de su domicilio el 27 de octubre, sin que se reportara la sustracción de pertenencias. Los policías que atendieron el llamado no identificaron indicios de robo ni otras circunstancias inusuales. La periodista, sin embargo, sospecha que pudo tratarse de un mensaje intimidatorio relacionado con sus investigaciones sobre presuntas irregularidades en la administración pública, particularmente en el sector salud.
La sospecha no acredita por sí sola una intimidación, pero exige esclarecimiento. ARTICLE 19 solicitó a la Fiscalía de Veracruz investigar con la actividad periodística como una línea prioritaria, mientras ACOVER demandó garantías para la seguridad de Vázquez Hernández. No existen elementos públicos suficientes para atribuir el incidente a un funcionario o grupo específico; determinar qué ocurrió requiere una investigación, no dar por probada ni descartar de antemano su posible relación con sus publicaciones.
Según el registro de ARTICLE 19, Veracruz acumula 34 periodistas asesinados desde el año 2000 y durante 2025 registró casi tres agresiones mensuales contra la prensa. Estas cifras agravan la preocupación, aunque no prueban el móvil del episodio en el domicilio de Vázquez Hernández. La organización solicitó aplicar los protocolos especializados en delitos contra la libertad de expresión y reforzar los mecanismos de protección: ¿qué resultados permitirán evaluar la respuesta institucional sin comprometer la seguridad de las personas afectadas?
Agencia ANSIC.MX
