– Las condenas se concentran en ejecutores, mientras persisten vacíos sobre quién ordena los crímenes. Oaxaca con 16 asesinatos, figura entre los cinco estados más letales para la prensa con dos asesinatos de periodistas este 2026.
Oaxaca, Oax., 22 de octubre de 2026. Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó 169 asesinatos de periodistas en México entre 2006 y 2026, un promedio de ocho por año. Según la organización, en 168 de esos casos no se ha identificado al autor intelectual ni esclarecido el móvil. El informe, publicado el 20 de octubre, muestra una brecha entre las condenas obtenidas y la identificación de quienes ordenan los crímenes: los avances judiciales se concentran principalmente en los autores materiales.
La violencia recae de manera abrumadora sobre la prensa local: 166 de las víctimas, el 98 %, cubrían información de sus comunidades. Esa concentración vincula la seguridad de los periodistas con la posibilidad de que la población conozca asuntos de corrupción, política y crimen organizado.
El patrón se mantiene este año. RSF contabiliza ocho periodistas asesinados en México en 2026 hasta la publicación de su informe, todos dedicados a la cobertura local. Artículo 19 eleva la cifra a nueve tras el asesinato de Hamurabi Huesca Manzano, director del portal Pinotepa Comunica, ocurrido el 9 de octubre en Santiago Pinotepa Nacional.
Dos de los casos de 2026 ocurrieron en Oaxaca. Además de Huesca, Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la CORTV y columnista político, fue asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla tras haber denunciado amenazas de muerte. En el caso de Huesca, la Fiscalía estatal sostiene que fue víctima colateral de un ataque dirigido contra otra persona. Artículo 19, por su parte, exige que su labor periodística sea considerada como línea de investigación.
Más sentencias no equivalen a esclarecimiento completo
Según RSF, las sentencias por asesinatos de periodistas pasaron de cinco entre 2006 y 2016 a al menos 33 durante la década siguiente. En total, 21 casos han sido esclarecidos parcialmente, pero en 168 de los 169 asesinatos no se ha logrado identificar al autor intelectual o esclarecer el móvil.
La distinción importa: una condena contra un ejecutor no necesariamente permite conocer quién ordenó el ataque ni qué intereses buscaba proteger. Propuesta Cívica, organización que acompaña a familias de periodistas asesinados, advierte que concentrar las investigaciones en los autores materiales deja sin esclarecer las estructuras que permiten nuevas agresiones.
Las deficiencias, de acuerdo con esa organización, comienzan desde las primeras horas: pérdida o conservación inadecuada de pruebas, líneas de investigación incompletas, falta de análisis del contexto y coordinación deficiente entre autoridades. A ello suma, en muchos casos, ausencia de voluntad política para investigar a quienes podrían estar detrás de los ataques.
México cuenta con una unidad especializada desde 2006, cuyo mandato se amplió en 2010 para dar origen a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). También dispone de un mecanismo federal de protección desde 2012, al que estaban incorporados 701 periodistas al 31 de agosto de 2026, según los datos gubernamentales citados por RSF.
La existencia de ambas herramientas no ha coincidido con una reducción de los asesinatos. RSF reporta un aumento del 12 % durante la última década respecto de la anterior, y señala que el 15 % de los periodistas asesinados entre 2012 y 2026 contaba con medidas de protección. El material no permite determinar por separado la eficacia de cada instrumento.
La cobertura local concentra el riesgo
Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas reúnen la mitad de los asesinatos registrados por RSF; Veracruz encabeza la lista con 32 casos. El 59 % de las víctimas cubría asuntos relacionados con el crimen organizado y el 46 %, con la política; esas proporciones no se presentan como categorías excluyentes.
Para Propuesta Cívica, investigar contratos públicos, corrupción, economías ilegales o presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales puede afectar intereses de distintos actores simultáneamente. La organización y periodistas consultados señalan que las posibles redes de complicidad también dificultan denunciar amenazas y obtener investigaciones independientes.
María Martínez Guardado relató que recibió amenazas de muerte el 5 de junio de 2022, cuando investigaba presuntos vínculos entre Morena y el Cártel Jalisco Nueva Generación en Aguascalientes. Según el testimonio recogido por RSF, actualmente vive lejos de su familia y bajo protección federal: sobrevivir al riesgo puede implicar desplazamiento y ruptura de la vida cotidiana.
Oaxaca: dos décadas de impunidad
Desde 2006 han sido asesinados en territorio oaxaqueño al menos 16 periodistas y comunicadores, además del documentalista estadounidense Brad Will. La cifra resulta de los casos documentados por RSF, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Artículo 19.
Brad Will, de Indymedia, murió el 27 de octubre de 2006 mientras filmaba un enfrentamiento en una barricada de la APPO en Santa Lucía del Camino. Ese mismo año, el 8 de diciembre, fue asesinado en Juxtlahuaca Raúl Marcial Pérez, columnista de El Gráfico, líder indígena triqui y crítico del gobierno estatal.
En 2008 fueron emboscadas Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, locutoras triquis de radio comunitaria. En 2013 fue asesinado Alberto López Bello, reportero policiaco de El Imparcial. En 2014 lo fue Octavio Rojas Hernández, corresponsal de El Buen Tono en Cosolapa, días después de que ese diario publicara una nota sobre robo de combustible.
En 2015 fueron asesinados Abel Manuel Bautista Raymundo, director de Radio Spacio 96.1 en Juxtlahuaca, y Filadelfo Sánchez Sarmiento, de La Favorita 103.3 en Miahuatlán. En 2016 fueron asesinados cuatro comunicadores: Marcos Hernández Bautista, corresponsal de Noticias Voz e Imagen en la Costa; Elidio Ramos Zárate, de El Sur, en Juchitán; y Salvador Olmos García y Agustín Pavía Pavía, de la radio comunitaria Tu’un Ñuu Savi, en Huajuapan. Olmos fue atropellado por policías municipales tras ser detenido.
Les siguieron Telésforo Santiago Enríquez, fundador de Estéreo Cafetal, en 2019; Gustavo Sánchez Cabrera, director de Noticias Minuto a Minuto, en 2021; y Heber López Vásquez, en Salina Cruz, en 2022. En 2026 se sumaron Leyva Aguilar y Huesca Manzano.
El caso de Sánchez Cabrera ilustra las fallas de protección. Había sobrevivido a un atentado y solicitado su incorporación al Mecanismo federal, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que los dictámenes se emitieron de forma tardía y limitada. A esa lista se suma Agustín Silva Vásquez, reportero de El Sol del Istmo desaparecido en Matías Romero desde enero de 2018, cuyo paradero sigue sin conocerse.
El silencio también limita el derecho a informarse
El reportaje de Elli Kostika, publicado originalmente en iMEdD y reproducido por openDemocracy, reúne testimonios sobre las restricciones a la cobertura en Guerrero y Sinaloa. Jonathan Cuevas, periodista de Iguala, describe la autocensura como una condición impuesta por las amenazas del crimen organizado y la presunta connivencia de autoridades.
Un estudio de Iniciativa Sinaloa de 2025, citado en ese trabajo, señala que el periodismo está gravemente limitado en casi la mitad del territorio estatal y que algunos municipios carecen de periodistas locales. Los testimonios recogidos relacionan esas restricciones tanto con condiciones económicas como con la presencia de grupos criminales.
Estas zonas de silencio tienen consecuencias que trascienden a las redacciones. Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, advierte que la ausencia de periodismo crítico reduce la capacidad de los votantes para conocer posibles actos de corrupción o vínculos criminales de los candidatos.
Ante este panorama, RSF pide a la presidenta Claudia Sheinbaum una respuesta nacional coordinada, medidas rápidas de protección e investigaciones que alcancen tanto a autores materiales como intelectuales. También reclama mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas: el reto que plantea su balance no es únicamente obtener más sentencias, sino esclarecer las redes responsables y prevenir nuevas agresiones.
Por Froylán Méndez Ferrer
Afiliado al SINMCO
